martes 12 de diciembre del 2017

   

Ahora

 

Amnistía pidió explicaciones a Bullrich por la represión y muerte de Rafael Nahuel

 

Amnistía Internacional emitió un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad de la Nación para que dé explicaciones sobre el accionar de Prefectura durante los operativos del jueves y el sábado pasado en Río Negro, tras los que resultó muerto Rafael Nahuel, de 22 años.

La solicitada del organismo internacional fue enviada a la ministra Patricia Bullrich y al jefe de Gabinete de ese ministerio, Pablo Noceti, para que ambos detallen cuáles fueron los “fundamentos jurídicos” de los procedimientos realizados contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

“Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas”, señaló Amnistía en un comunicado.

“Es indispensable exigir a las autoridades responsables del Poder Ejecutivo que brinden explicaciones y una estricta rendición de cuentas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad”, manifestó.

Los días 23 y 25 de noviembre la Prefectura Naval Argentina (PNA) se desplegó en terrenos ubicados sobre el kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40, cerca del lago Mascardi, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, Provincia de Río Negro.

Rafael Nahuel fue baleado el sábado 25 por la tarde y falleció horas después. Según las pericias oficiales la bala le ingresó de manera ascendente por el glúteo y le atravesó el tórax. El proyectil es de un arma calibre 9 milímetros, como las que usa el grupo Albatros de la PNA.

La organización envió también cartas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores de la Nación.

“El principio republicano de gobierno, que incluye la estricta división y control entre los poderes del Estado, exige que el Poder Legislativo cumpla un rol fundamental en el monitoreo y efectiva implementación de la ley de emergencia territorial (26.160) por parte del Poder Ejecutivo Nacional y, en general, en situaciones en que se vulneran los derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico”, señalaron.

Por último, Amnistía Internacional envió también una carta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para pedir información sobre los antecedentes del conflicto territorial en esa zona y su estado de situación.

“Los graves hechos ocurridos en Villa Mascardi se suman a los numerosos desalojos que sufren frecuentemente los pueblos indígenas a lo largo de todo el país y que vulnera sus derechos humanos, a pesar de la suspensión a los desalojos dispuesta por la recientemente prorrogada ley 26.160 de emergencia territorial”, agregó la organización.

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