jueves 14 de diciembre del 2017

   

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Argentina contrata de manera directa más abogados para acordar con los #FondosBuitre

 

Para darle una “solución definitiva” al conflicto con los fondos buitre y con los denominados “mee too”, el Estado argentino contrató de manera directa al estudio Cravah, Swaine & Moore, con sede en Nueva York, que se sumará a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, el buffet de abogados que ya se encontraba trabajando en los litigios con los fondos buitre encabezados por el NML Capital de Paul Singer.

Así lo dispuso mediante la decisión administrativa 231/2016, publicada hoy en el Boletín Oficial y argumentada en la necesidad de “una nueva estrategia legal integral que englobe no sólo los litigios actualmente en trámite en diversas jurisdicciones, sino también a las negociaciones con los tenedores de bonos en ‘default'”.

La decisión fue adoptada ante la situación planteada en octubre de 2015, cuando “el Juzgado de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, dictó una nueva orden ‘pari passu’ en favor de los denominados acreedores ‘me too'”.

En la disposición se recuerda además que en 2002 se aprobó la contratación del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, que patrocinó las negociaciones con los acreedores externos que llevaron a los canjes de deuda de 2004 y 2010 por 92% de la totalidad de los títulos en situación de diferimiento.

“En virtud de la gran cantidad de litigios aún en curso y a su alta complejidad, sumado a la necesidad de dotar de mayor solidez jurídica a la posición de la Argentina tanto en los procesos judiciales como en el curso de las negociaciones, se considera conveniente mantener la contratación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP en la defensa de las causas judiciales y como fuente de consulta jurídica y asistencia técnica en los eventuales procesos de reestructuración, como así también en los posibles aspectos que puedan involucrar operaciones de emisión y canje de títulos públicos de la deuda nacional en los mercados de capitales”, consigna el texto.

Asimismo, sostiene que “esta nueva contratación permitirá, por un lado, alcanzar una más sólida defensa judicial en los litigios en curso de la Argentina en los tribunales de los EEUU y, por el otro, obtener asesoramiento complementario para el proceso de negociación y una eventual reestructuración de la deuda en estado de cesación de pagos”.

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