viernes 19 de octubre del 2018

   

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Fahrenheit 451 versión Cambiemos

 

La Policía Federal procedió a realizar el desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza donde se realizan tareas comunitarias y funciona una biblioteca popular.

El espacio cultural, que funciona en terrenos del Tren Urquiza sobre la avenida Triunvirato, entre Roosevelt, es el objetivo del gobierno nacional para continuar con la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados.

Por medio de una ley de la dictadura, el oficialismo habilitó la venta del terreno para levantar tres torres.

Los agentes de la Policía evitaron que los vecinos y asambleístas retiren los libros de la biblioteca popular que funciona en la Asamblea.

Foto: Charo Larisgoitia / @charilaris ‏

Foto: Charo Larisgoitia / @charilaris ‏

En junio de 2002, los vecinos del barrio recuperaron un inmueble del Estado Nacional completamente abandonado, que antiguamente era una pizzería, ubicado en la Avenida Triunvirato 4766 y lo convirtieron en un centro comunitario.

Este centro comunitario sin fines de lucro es gestionado por la Asamblea. Actualmente brinda talleres artísticos gratuitos, se realizan diversas actividades culturales y educativas. Así, por ejemplo, allí funciona el Bachillerato Popular “Berta Caceres”, reconocido por la ciudad.

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad señaló que esta ley estaba tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas. La Ley N° 17.091 autoriza, en estos casos, que la Justicia ordene el desalojo sin otorgar el derecho de defensa en forma previa al desalojos.

Foto: Charo Larisgoitia / @charilaris ‏

Foto: Charo Larisgoitia / @charilaris ‏

“El debido proceso y el derecho de defensa en juicio es un derecho constitucional fundamental. La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas. Por lo tanto, no correspondía la aplicación de esta Ley. Y en un entendimiento contrario, la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes”, señala el Observatorio.

En este caso, la Asamblea de Villa Urquiza formalmente fue notificada de la causa judicial y la orden de desalojo el día de hoy.

“Tanto el Estado Nacional como la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación constitucional de proteger los ámbitos comunitarios culturales. Si el Estado ha permitido la permanencia por más de 15 años de esta Asamblea en uno de sus inmuebles y ha reconocido sus actividades no está facultado para desalojarlos cuando ello implica la destrucción de este espacio cultural”, agregan.

Y denuncian que la cultura y la organización comunitaria están “nuevamente supeditadas a los intereses económicos del sector financiero-inmobiliario”.

 

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