martes 15 de enero del 2019

   

Ahora

Citaron a indagatoria a Aguad en la causa del Correo Argentino

 

El ex ministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa, Orcar Aguad, será indagado su desempeño en el acuerdo que intentó condonarle al Correo Argentino, empresa de los Macri, su deuda con el Estado por más de 70 millones de pesos.

El juez federal Ariel Lijo citó a Aguad para el 28 de febrero próximo, en el último lugar de la ronda de
indagatorias solicitada ayer por el scal del caso, Gerardo Pollicita. La tanda de indagatorias
incluirá la declaración del ex director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, quien fue citado para de 26 febrero.

Tal como lo había solicitado el fiscal Pollicita, Lijo citó también al presidente del directorio del
Correo Argentino S.A. Jaime Robirosa para el 19 de febrero, y al abogado Jaime Kleidermacher para el 21 del mismo mes.

La medida se enmarca en la causa penal que lleva adelante Lijo por supuesta administración fraudulenta, en relación con el respaldo del Gobierno al acuerdo (beneficioso para los Macri) alcanzado en 2017 pero que finalmente no llegó a concretarse por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín.

Para el fiscal Pollicita, quien había pedido la indagatoria de Aguad ayer, “existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y Correo Argentino S.A., que motivó el inicio de la presente investigación, fue espuriamente concebido”.

En su dictamen, el funcionario judicial consideró que se “buscó beneficiar a la empresa concursada” y se “comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años”.

Sobre la actuación de Aguad, Pollicita consideró que el entonces ministro de Comunicaciones “omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios” y que llevó al Estado “a aceptar una quita abusiva de su crédito con el interés de beneficiar a la empresa involucrada”.

 

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