sábado 19 de agosto del 2017

   

Ahora

Citaron a indagatoria a la madre y a la hermana de Nisman, y a Lagomarsino por lavado de dinero

 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidió citar a declaración indagatoria a Sara Garfunkel y a su hermana Sandra, además del técnico informático Diego Lagomarsino, por supuesto lavado de activos.

El juez dispuso además el embargo preventivo de todos sus bienes hasta cubrir 80 millones de pesos y congelo por tres meses todos sus “productos” bancarios.

La primera en concurrir a los tribunales federales de Retiro será la hermana del fiscal, Sandra Nisman, convocada para el próximo 8 de septiembre, mientras que su madre Sara Garfunkel fue citada para el 11 de ese mismo mes, detallaron fuentes judiciales. Lagomarsino fue llamado para el 9 de septiembre y Clarudio Picón para el 15 del mismo mes.

En la resolución, el magistrado ordenó trabar embargos preventivos sobre los bienes de todos los imputados hasta cubrir la suma de 80 millones de pesos, como había pedido en un dictamen el fiscal del caso Juan Pedro Zoni.

En concreto quedaron bajo “embargo preventivo” la cuenta del banco Merrill Lynch abierta en Estados Unidos con el fallecido Nisman como apoderado, tres lotes en un complejo de Punta del Este, Uruguay y el vehículo Audi que usaba el funcionario.

Además se embargaron propiedades y una camioneta Ranger a Lagomarsino, dos departamentos de Sandra Nisman y un Honda Civic inscripto a nombre de Garfunkel.

En relación a un fideicomiso llamado “Dorrego 1771” a nombre de Garfunkel, quien figura como propietaria de dos departamentos en construcción, se dispuso una medida de “no innovar” que impide su venta o alquiler.

Al empresario Picón, dueño de la empresa PalermoPack, se le embargó una cuenta bancaria en el Bank of America abierta en Miami y además se intervino su compañía.

Canicoba Corral dio intervención en la causa a peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Todas las citaciones a indagatoria responden a la sospecha de que los imputados actuaron como “testaferros” de Nisman, poniendo sus nombres y firmas para blanquear dinero que el fiscal no podía justificar en base a sus ingresos.

Nisman apareció muerto de un balazo en enero último en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc de Puerto Madero, en un hecho aún bajo investigación en la justicia criminal.

De manera paralela se abrió esta causa por lavado de activos en el fuero federal en la que ahora se citó a indagatoria a sus familiares y allegados.

Según el dictamen fiscal, al que el juez hizo lugar, los citados habrían “ejecutado conductas con el fin de ocultar la verdadera titularidad de fondos y bienes” del fallecido Nisman. De esta manera para la fiscalía se introdujeron “fondos de origen espurio en el circuito legal”.

“Se ha logrado establecer la existencia de distintos bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaran como testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman”, agregó el dictamen.

Para formular esa acusación se tuvieron en cuenta el pago de departamentos de un fideicomiso en Dorrego 1771 desde 2013 a nombre de Sara Garfunkel, que se dejó de abonar en enero último a la fecha.

El dinero abonado, mas de un millón de pesos, “no se condice” con el patrimonio de la madre de Nisman.

En cuanto a Picón, para la fiscalía habría actuado como testaferro de un Audi Q3 2.0 TFSI que usaba Nisman y que en realidad era propiedad del fiscal.

En cuanto a la cuenta del Banco Merril Lynch, el fiscal detalló que fue abierta el 7 de marzo de 2002 a nombre de la madre y la hermana de Nisman y que luego se agregó a Lagomarsino como cotitular.

Nisman tenía un domicilio en Miami y figuraba como apoderado y esa cuenta recibió transferencias sin aparente propósito comercial por un total de 666.690 dólares entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.

La causa se abrió tras la muerte del ex titular de la UFI AMIA en enero pasado, cuando se supo de la existencia de una cuenta bancaria en el Merril Lynch de Estados Unidos. A partir de ello se ordenaron operativos y se pidieron informes que arrojaron que hubo compras de campos en Uruguay y departamentos en la ciudad de Buenos Aires.