martes 12 de diciembre del 2017

   

Ahora

 

Conflicto mapuche: la temeraria coincidencia de Astiz con el relato oficial

 

El Gobierno nacional busca instalar en la opinión pública la hipótesis de una comunidad mapuche violenta y fuertemente armada, conecta los reclamos territoriales con la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “que recibe financiamiento desde Inglaterra” y abona teorías conspirativas de pueblos originarios.

En esta línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, defendieron el martes pasado la represión de la Prefectura contra la comunidad Lafken Winkul Mapu en el desalojo ocurrido en el Lago Mascardi.

En conferencia de prensa, coincidieron en que el Gobierno no permitirá reclamos territoriales “ilegales” de pueblos originarios.

Bullrich señaló que el Gobierno no tendrá diálogo “con grupos violentos que violan la ley” y subrayó que la acción de desalojo fue “legal legítima y totalmente enmarcado en la ley” a diferencia de la “acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia” que tuvieron los mapuches.

Además manifestó que “en el sur de nuestro país han ocurrido más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a caracterizar que estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia, grupos que no respetan la ley, que no reconocen la Argentina, que no reconocen al Estado, la Constitución ni los símbolos. Se consideran un poder fáctico que pueden resolver con una ley distinta a la ley de los argentinos”.

“Nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la Prefectura le damos carácter de verdad. Las fuerzas de seguridad fueron enfrentadas por un grupo violento”, aseguró la ministra sobre el operativo en la ciudad patagónica que terminó con la muerte de Rafael Nahuel.

La autopsia reveló que la bala que mató al joven de 22 años es una 9 mm, como las que usa el grupo Albatros. Le ingresó por el glúteo izquierdo y en un recorrido lateral ascendente comprometió varios órganos vitales hasta quedar alojada en la axila derecha, sin orificio de salida.

Testigos del operativo negaron la versión de un “enfrentamiento” y aseguraron que observaron una “cacería” de las fuerzas de seguridad a un grupo de “paisanos”.

En sus últimas palabras antes de recibir la cadena perpetua en el tercer juicio por los crímenes de la ESMA, el genocida Alfredo Astiz actualizó la amenaza terrorista en clave mapuche y se quejó porque se debatió “si un gendarme tenía una piedra” en vez de investigar a los “movimientos secesionistas”.

“Ultimamente han aparecido en el sur de nuestro territorio movimientos secesionistas que escudándose en ficticias reivindicaciones ancestrales pretende crear una Nación independiente apropiándose de parte de nuestro territorio”, aseguró Astiz.

De esta manera, retomó la teoría del Gobierno para descalificar la lucha territorial mapuche.

“Los sesudos pensadores de hoy se dieron cuenta ahora que la guerra contra el terrorismo no se gana, es una guerra sin tiempo. Únicamente se pueden ganar batallas, pero el principal problema de debate entre políticos y medios de comunicación no fue cuál era el movimiento (mapuche) ni sus objetivos, sino si un gendarme tenía una piedra en la mano o no”, finalizó.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó ayer a prisión perpetua a los represores Astiz y Jorge “Tigre” Acosta en la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar.

Durante la audiencia de lectura de las condenas, el TOF 5 también condenó a prisión perpetua a Mario Arru, un ex piloto acusado de participar de los “vuelos de la muerte” desde los que muchos desaparecidos fueron arrojados al Río de la Plata.

También fue condenado a prisión perpetua el ex prefecto Jorge Antonio Azic, apropiador de la nieta recuperada que en la actualidad de desempeña como diputada nacional Victoria Donda.

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