viernes 30 de julio del 2021

   

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Cristina Kirchner: «La mesa judicial del macrismo decidía a quién había que meter preso, a quién había que armarle una causa y a quién había que intimar»

“Se dispuso un conjunto de personas para poder investigar y perseguir”, agregó la vicepresidencia durante la audiencia pública.
 

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, expresó este viernes que la mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri «decidía a quién había que meter preso, a quién había que armarle una causa y a quién había que intimar”.

“Se naturalizó que existía una mesa judicial. De allí, salían las decisiones y las órdenes del Poder Judicial. Estaba integrada por el expresidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, el exministro de Justicia, Germán Garavano, el exasesor judicial, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, entre otros exfuncionarios», aseguró.

Y agregó: “Eran los que decidían a quién había que meter preso, a quién había que armar una causa, a quién había que intimar”, aseguró. En este contexto, “se preparó al Estado para servir como un instrumento de persecución para un determinado sector de la política”.

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Sus declaraciones fueron realizadas durante su exposición en la audiencia pública convocada por el Tribunal a cargo del juicio por la firma del memorándum con Irán, previa a resolver si declara la nulidad de la causa.

En este sentido, Fernández de Kirchner manifestó que se dispuso «un conjunto de personas para poder investigar y perseguir”.

“La prisión preventiva ya no iba a ser para aquellos que tienen posibilidad de escaparse, se genera una doctrina del poder residual: todo aquel que fue funcionario, se convierte en alguien peligroso y por lo tanto, hay que investigarlo pero preso”, añadió.

Luego, sostuvo que con ella “surgió una nueva figura judicial: los jueces de atracción. Los únicos dos jueces que me tocaban en Comodoro Py siempre eran Claudio Bonadio y Julián Ercolini, no importa cuántas veces se sorteara. En Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky”.

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“Mauricio Macri asume y, desde los primeros días de su gestión, comienzan a realizarse hechos inconstitucionales”, indicó, y recordó que el 14 de diciembre el Poder Ejecutivo nombró «por decreto a dos miembros de la Corte” y que “una de las personas que interviene en esta operación, es el doctor Rodríguez Simón, más conocido como Pepín, que se encuentra hoy prófugo en Uruguay”.

También subrayó el “ataque formidable» que recibió la doctora Alejandra Gils Carbó, “quien había sido elegida en el Senado por amplias mayorías” y que, pese a tener “una conducta intachable”, “fue perseguida públicamente con prácticas mafiosas”.

Al concluir, aseguró que “violaron todas las garantías” y que, incluso, “esta causa antes se intentó poner en un Tribunal Oral a dedo, el número 9. Ya tampoco íbamos a tener jueces naturales”.

La audiencia comenzó este viernes poco después de las 12.30 y fue transmitida en vivo a través de Youtube. El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 decidió, además, por cuestiones de limitación horaria vinculada con la participación de los jueces en otras causas, que hoy solo expondrán tres de las partes, que cada una podrá hacerlo por un máximo de 45 minutos y que la audiencia se retomará el 4 de agosto a las 9 de la mañana.

Tanto la querella de AMIA-DAIA como los familiares de víctimas del atentado que participan de esta causa había manifestado disconformidad con la fecha fijada para la audiencia convocada por los magistrados María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini, por su coincidencia con el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

La pesquisa había sido cerrada por inexistencia de delito en una decisión del juez federal Daniel Rafecas, pero Borinsky y Hornos dispusieron su reapertura en 2016. El TOF8 hizo lugar a la audiencia que pidieron defensas de procesados, para debatir de manera oral y pública la validez de esta decisión de Casación, ante las denuncias contra los dos camaristas.

El pedido de nulidad, nuevas medidas de prueba y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi y la del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.

 

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