sábado 21 de octubre del 2017

   

Ahora

Debaten las opciones para el #CrucePorAguasArgentinas, la conexión marítima entre Tierra del Fuego y el continente

 

La decisión del Gobierno nacional de impulsar la conexión marítima entre Tierra del Fuego y la zona continental fue celebrada por la dirigencia política y las organizaciones civiles, gremiales y sociales de la isla que ahora discuten las mejores opciones de cruce.

El anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 23 de julio, reimpulsó un anhelo de cuatro generaciones de fueguinos que están obligados a transitar por territorio chileno para salir de la provincia por vía terrestre.

La primera mandataria adelantó, y luego concretó a través del decreto 1423/15, la creación de un fideicomiso dotado inicialmente con 1000 millones de pesos para financiar los trabajos de construcción de muelles y obras viales, además de la adquisición de las embarcaciones que se utilizarán para realizar el cruce a través del Mar Argentino.

La medida recibió de inmediato el apoyo de las principales autoridades de la provincia, desde la actual gobernadora Fabiana Ríos, hasta la recién electa, Rosana Bertone, incluyendo a los intendentes y a los senadores y diputados de todas las fuerzas políticas.

“Es algo que anhelábamos todos fueguinos y que ahora puede ser una realidad porque el anuncio incluye hasta la fuente de financiamiento de las obras”, sostuvo Ríos al destacar la importancia del aval presidencial.

Por su parte Bertone también habló de un proyecto “ansiado por todos los habitantes de la provincia”, y recordó que el Gobierno Nacional le otorga de esta forma “operatividad” a la ley nacional 26.776 que declaró al cruce como una “política de Estado”.

En la misma línea, el intendente de Río Grande, Gustavo Mellella, dijo que el anuncio “termina con décadas de indiferencia hacia un problema grave de los fueguinos”, mientras que el senador Julio Catalán Magni, del Frente para la Victoria, lo inscribió en la “continuidad de políticas estructurales del kirchnerismo” como “la recuperación de YPF, de los ferrocarriles y de Aerolíneas Argentinas”.

La Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego (Fepotra), una organización multidisciplinaria que milita desde hace años a favor de la conexión marítima fueguina, consideró que el cruce no sólo resolverá el derecho de los habitantes provinciales de transitar por el país sin tener que pasar por territorio extranjero, sino que generará recursos económicos y se constituirá en un “polo estratégico” para la “salvaguarda de la soberanía en el Atlántico Sur”.

“Es un logro de sindicatos, ex combatientes de Malvinas, medios de prensa, universidades y tantas otras organizaciones que han comprendido la importancia de avanzar en este proyecto para dejar de pasar por Chile y reconfigurar la economía fueguina”, observó el vocero de la Fepotra, Daniel Guzmán, en dialogo con Télam.

La dirigencia política y social de la Isla no sólo dio muestras de apoyo a la iniciativa, sino que inició un debate público acerca de cuál es la mejor opción para comunicar a la provincia con el continente, sobre la base de dos informes técnicos: uno de prefactibilidad realizado en 2006 por instrucción del ex presidente Néstor Kirchner, y otro preliminar efectuado por la Administración General de Puertos (AGP) en 2013.

El primer informe aconseja realizar un “cruce corto”, que partiría de un muelle a construirse en una zona de playa ubicada en “Cañadón Alfa”, 145 kilómetros al norte de Río Grande.

La conexión se realizarían en barcos porta rodantes, con capacidad para el traslado de pasajeros, automóviles y camiones, que uniría la isla con otras instalaciones portuarias ubicadas en Punta Dúngenes, al sur del continente, cubriendo una distancia de 30 kilómetros de navegación.

El estudio de 2006 menciona que la embarcación debería ser un buque multicasco de 110 metros de eslora (largo) por 20 metros de manga (ancho) con un calado de 4,50 metros, capaz de desplazarse a una velocidad de 22 nudos, y que podría llevar 12 camiones, 2 ómnibus, 35 autos y 250 pasajeros por viaje.

El barco cubriría la distancia en un tiempo aproximado de una hora y media, y se realizarían 8 cruces diarios en dos embarcaciones.

Los buques costarían unos 20 millones de dólares cada uno, mientras que el valor de las obras portuarias fue estimado en unos 133 millones de dólares, totalizando el proyecto completo unos 300 millones de dólares, señala el informe.

Por su parte, el “cruce largo” propuesto por la AGP incluye unir el Puerto Caleta La Misión de Río Grande, al que habría que adaptar para estas operaciones en función del muelle ya construido en el lugar, con Punta Loyola, cerca de Río Gallegos, donde habría que construir un muelle completo o adaptar las instalaciones de un puerto en desuso perteneciente a la ex Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF).

Desde Loyola a Gallegos habría que recorrer unos 35 kilómetros de ruta pavimentada, mientras que en Río Grande, apenas los 13 kilómetros que separan el centro de la ciudad de Caleta La Misión.

El análisis preliminar del organismo portuario recomienda realizar este cruce con dos catamaranes de alta velocidad, llamados WPC, de 86 metros de eslora (largo) por 26 de manga (ancho), con un calado de 3,80 metros.

Estas embarcaciones pueden transportar entre 600 y 777 pasajeros sentados, entre 175 y 200 autos y 4 colectivos, o 121 autos, 17 colectivos y 10 camiones por viaje.

La AGP menciona que estos catamaranes son parte de una serie de cuatro gemelos construidos por el astillero australiano INCAT.

De acuerdo al estudio, podrían realizar el cruce en un lapso mínimo de 3 horas y 21 minutos y 5 horas y 23 minutos dependiendo de las condiciones climáticas (vientos y altura de las olas) y de la ruta adoptada, ya que el informe propone una ruta directa por alta mar, y otra alternativa por la costa para condiciones climáticas adversas.

Algunas entidades, como la Fepotra, ya han tomado partido por el “cruce corto”, con argumentos que incluyen desde el posible desarrollo futuro de una flota marítima y el control del Atlántico Sur en una zona próxima a las Islas Malvinas, hasta la conveniencia de incluir el transporte de mercadería porque “es el que más dinero deja en su paso por Chile”.

En cambio la Administración Nacional de Puertos se inclina por el cruce largo, porque “evitaría los trayectos terrestres hasta sitios alejados de centros urbanos, posibilitando a los pasajeros el acceso a servicios e instalaciones en caso de espera o cancelación de los cruces”, además de “abaratar el costo de construcción de instalaciones portuarias y de obras viales”, valora el estudio del organismo estatal.

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