miércoles 12 de diciembre del 2018

   

Ahora

Denuncian a Bullrich por el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego

 

El ex juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski denunció hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los presuntos delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en relación al nuevo protocolo para el uso de armas de fuego en las fuerzas de seguridad que habilita la llamada “doctrina Chocobar”.

Rozanski explicó que realizó la denuncia, que quedó a cargo de la jueza federal María Servini, porque “el decreto de Patricia Bullrich (publicado ayer en el Boletín Oficial) contradice el código penal, la Constitución Nacional y además viola los deberes de funcionario público”.

El ex juez agregó que las modificaciones al protocolo del uso de armas de fuego habilitan a las fuerzas de seguridad para hacer “algo que el Código Penal no avala”, que “es el asesinato por la espalda”. “Es amoral”, afirmó Rozanski en declaraciones a radio El Destape.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial la modificación del protocolo de usos de armas de fuego para las fuerzas de seguridad. Entre otros puntos, el nuevo reglamento habilita a los efectivos a disparar sin dar la voz de alto, a alguien que huye (por la espalda) y ante la presunción de que el sospechoso esté armado –aunque luego se compruebe que no estaba armado o esgrimía una falsificación-. Esto provocó un fuerte rechazo por parte de diferentes sectores, tanto del arco político, como de organizaciones de derechos humanos o del Poder Judicial que consideraron que esta medida es una suerte de implementación del gatillo fácil y de la llamada “Doctrina Chocobar” (en alusión al policía que mató por la espalda a un ladrón que huía tras haber herido a un turista de Estados Unidos, en La Boca).

“Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad”, sostuvo Rozanski en su denuncia. Y agregó que “queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Ministra de Seguridad”.

Por esta razón el denunciante reclamó que se suspenda la aplicación de la resolución hasta que haya una sentencia definitiva “en atención a la gravedad de la situación que plantea” y que “puede ocasionar la muerte de personas”.

 

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