viernes 19 de abril del 2019

   

Ahora

Denuncian a Presidencia por cerrar el sumario administrativo en el escándalo del Correo Argentino

 

Correo Argentino. (Foto Agencia NA)

La actuación del Gobierno en la causa del Correo Argentino, empresa del grupo Macri, quedó otra vez en la mira. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a Presidencia de la Nación por avalar el cierre de un sumario administrativo del Ejecutivo para determinar qué responsabilidad tuvieron los funcionarios en el acuerdo firmado con la compañía de la familia del Presidente.

La PIA también demandó a la Procuración del Tesoro de la Nación, que fue el organismo que pidió que el cierre del expediente interno para analizar la actuación de los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones. Se trata de los funcionarios que en 2016, según concluyó la Justicia, firmaron un acuerdo “abusivo y perjudicial para el patrimonio público”.

La denuncia, firmada por el fiscal Sergio Rodríguez, quedó asentada en el fuero Contencioso Administrativo y tiene por objeto “lograr la reapertura de la investigación administrativa disciplinaria” contra los funcionarios que aceptaron la oferta del Correo, que iba a beneficiar a la empresa de la familia de Macri pero que, ante el escándalo público, el Presidente se vio obligado retirar.

El sumario administrativo interno fue cerrado por la Procuración del Tesoro, que entendió que no existían irregularidades administrativas por parte de los funcionarios, como tampoco perjuicios fiscales para el Estado. El cierre del sumario fue ratificado con un decreto por la vicepresidenta Gabriela Michetti, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Pese a que el expediente administrativo fue clausurado, la causa del Correo Argentino avanza en la Justicia. El juez Ariel Lijo citó a declarar a Oscar Aguad, por entonces ministro de Comunicaciones, a otros funcionarios de esa misma cartera y a representantes de Socma, compañía que explotaba el Correo.

“Existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones y el Correo Argentino fue espuriamente concebido y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometió abusivamente al Estado, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción”, sostuvo el fiscal Gerardo Pollicita.

 

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