martes 22 de agosto del 2017

   

Ahora

Despidos en el programa Verdad y Justicia: “Es una embestida a las políticas de Derechos Humanos”

 

La ola de despidos que ejecuta la administración de Mauricio Macri llegó también al Ministerio de Justicia. Uno de los programas afectados es el de Verdad y Justicia que brinda apoyo a los juzgados en las causas por delitos de lesa humanidad.

Los nuevos despidos en la cartera que conduce Germán Garavano ocurre en medio de una virtual intervención del Archivo Nacional de la Memoria, que entre sus funciones se encuentra la de contestar los oficios y pedidos de informes provenientes del Poder Judicial y de distintas dependencias del Poder Ejecutivo sobre los eventuales antecedentes por violaciones a los derechos humanos del personal de las fuerzas de seguridad estatales y privadas.

Las cesantías hasta el momento dejaron fuera del Programa Verdad y Justicia a tres abogados, una socióloga y una antropóloga. Hoy echaron a una trabajadora del área de investigación. Y se conocieron también otros 60 telegramas solo en la Secretaría de Derechos Humanos.

Romina, una empleada del ministerio, detalló a Diario Pulse la situación en la cartera que dirige Germán Garavano. “Somos 50 trabajadores de los cuales 20 están distribuídas en distintas jurisdicciones del interior y son enlace con los juicios de delitos de lesa humanidad”.

“No se trata de cinco casos de despidos aislados sino que tiene que ver con una intencionalidad de reducir la política de derechos humanos que el Ejecutivo viene llevando adelante”, señaló.

En este sentido, manifestó que “este nuevo Gobierno no entiende las políticas de derechos humanos como una prioridad”.

Hasta ahora dependían directamente de la Jefatura de Gabinete del Ministerio y hace una semana quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos.

Una de las despedidas fue testigo de contexto en el juicio de apropiación de Gaona Miranda y en juicio del Plan Cóndor.

El Programa Verdad y Justicia es una de ellas fue creado en 2007 con el fin de promover y garantizar el correcto desarrollo de los juicios de lesa humanidad, de investigar los crímenes del terrorismo de Estado y evaluar el riesgo de los testigos.