viernes 23 de junio del 2017

   

Ahora

Protesta por reincorporaciones en Cresta Roja deja al descubierto otra puesta en escena del Gobierno

 

Foto: @CardosoClaudio9

“Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina. Hoy más de 1.000 personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir multiplicándose de a cientos en los próximos meses”, afirmaba el presidente Mauricio Macri tras recorrer junto a la gobernadora María Eugenia Vidal la planta industrial ubicada en el municipio bonaerense de Esteban Echeverría.

Corría el mes de abril de 2016 y las promesas presidenciales se multiplicaban con fotos junto a trabajadores. “Es un símbolo de que sí se puede”, consideraba Vidal. “Es un símbolo de la recuperación económica”, repetía Macri.

Sin embargo la realidad está lejos del relato oficial. Los trabajadores de Cresta Roja desmienten al gobierno nacional y llevan adelante medidas de fuerza.

“La protesta es porque hace un año y medio que estamos afuera, sin ningún tipo de respuesta. Somos 900 en total”, contó Leonardo Romero, quien realiza junto a sus compañeros un acampe en la planta de El Jagüel.

Macri 1

Macri 2

“Macri había dicho que si era presidente iban a entrar a trabajar todos. Cuando vino Macri, acá se prendieron las cámaras adentro de la planta, pero afuera no, porque había carteles de reclamo“, contó Romero en diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10.

“Hay 45 personas en urgencia, que están enferman, que tienen chicos y necesitan comprar pañales o alquilan y no pueden subsistir más. Nos habían prometido que a más tardar en diciembre entraba la totalidad de la gente dentro de la empresa, y que la empresa se iba reactivar, y nos mintieron”, subrayó sobre la presencia en su momento del Presidente en la sede de la planta .

Romero detalló las medida de fuerza que tomó el grupo de trabajadores desafectados y permanecen en la puerta de la compañía. “Tomamos la medida de cortar el acceso de los portones porque ya no tenemos diálogo. Hoy llegó la policía temprano con una orden supuestamente de la fiscalía, y el comisario llegó a reprimir y a decir que estábamos fuera de la ley, y que nos iban a meter en cana”.

Romero aseguró que se reajustaron los costos laborales y las tareas las realizan 800 personas en lugar de 1500, como sucedía antes. “Hay amenazas, y les dicen que la gente está sobrando y que tienen que seguir sacando personal. Ellos tienen miedo”, denunció.

“El sindicato no nos atiende, los nuevos dueños tampoco nos recibieron. No tenemos obra social, no tenemos fondo de desempleo, no tenemos que llevar a nuestras familias”, aseguró.