lunes 9 de diciembre del 2019

   

Ahora

Espionaje ilegal: el juez Sergio Paduczak se presentó como querellante

 

Por Mariano Zucchi.

La Justicia avanza en determinar el rol del gobierno de Mauricio Macri en el despliegue de acciones de espionaje e inteligencia ilegal sobre más de 50 jueces, entre ellos de la Corte Suprema y de distintos fueros federales y del interior. También indaga la vigilancia a gobernadores y a los presidentes de los distintos bloques del Congreso. En la causa, de marcada gravedad institucional, ahora se presentó como querellante uno de los espiados. Se trata del juez Sergio Paduczak, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 en Comodoro Py, cuyos movimientos migratorios fueron consultados por Prefectura Naval sin una aparente actuación judicial que lo respalde, tal como sucede en la mayoría de los casos.

Paduczak realizó la presentación el viernes pasado en el juzgado del juez Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal Ramiro González -quien subrogó hasta hoy a su colega Federico Delgado- sostuvo en su dictamen que se busca determinar si desde las dependencias estatales que aparecen en el caso se desplegaron actividades de inteligencia ilegal.

“Quiero ser parte del proceso y seguirlo de cerca, más allá que no tengo nada que decir contra el magistrado y el fiscal. Tengo pensado pedir otras medidas, pero cuando se levante el secreto de sumario. Ahí podré evaluar las medidas ya adoptadas, conocer por dónde va la investigación y respecto a mi caso avanzar solicitando directamente alguna indagatoria”, adelantó en diálogo con Diario Pulse.

El denominador común de este masivo espionaje es la base de datos de Migraciones donde se ingresaba con una clave especial desde distintas agencias del Estado: Prefectura, Gendarmería, Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, Policía Federal, la Procuración General de la Nación, y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Estos ingresos quedaron registrados en el sistema. Día, hora y la identidad de la persona que ingresó. Canicoba Corral requirió informes a dichos organismos oficiales para conocer los motivos por los cuales se hicieron consultas. La mayoría de las dependencias no pudieron invocar una causa judicial que justifique la búsqueda de información. La sospecha es que los datos se obtuvieron sin respaldo legal.

En el caso del juez Paduczak, el organismo involucrado es Prefectura Naval -con terminal en el ministerio de Seguridad- a partir de una visita que realizó a Tierra del Fuego en septiembre del pasado.

El magistrado viajó para participar del XX Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales de la República Argentina, cuya edición 2018 se realizó en Ushuaia. El cierre estuvo a cargo de Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Magistrados de Tribunales Orales Nacionales y Federales participaron del XX Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales de la República Argentina en Ushuaia.

Prefectura aseguró que siguieron sus movimientos por seguridad y porque no contaban con su fotografía en los registros. “Ellos alegan que fue por razones de seguridad, para tomar medidas preventivas y disuasivas. Esta frase me generó una duda. ¿Yo tenía alguna sospecha de ser un futuro terroristas que iba a atentar contra la doctora Highton de Nolasco o querían proteger mi seguridad? Si la razón era esta última, no sé si pesaba sobre mi persona algún tipo de amenaza como para que protegieran mi seguridad”, indicó.

“Pero ahí no termina la ridiculez. Supongamos que el objetivo era realizar un seguimiento preventivo por haber tantos magistrados en una jurisdicción. Sostienen que no tenían copia de mis rasgos fisonómicos. Y agregan que como no tenían una fotografía mía, entraron a Migraciones porque tampoco surgió en una búsqueda de Google. Es ridículo porque hay imágenes de notas periodísticas por mi profesión. De todos modos, el jefe de Prefectura me pudo haber ubicado en mi despacho para solicitar esto. Hubiera sido más razonable que ingresar a la base de datos de Migraciones”.

En este sentido, aseguró que “como es injustificable lo que hicieron, brindan una respuesta casi de jardín de infantes. Si hablamos de un único caso, uno podría pensar en la torpeza de algún empleado desleal. Pero cuando la lista se agranda, con jueces y políticos, ya empieza a observar que no es un caso aislado sino una política generalizada que impactó en el Poder Judicial”.

En rigor, ya son más de 50 los magistrados de distintas provincias que habrían sido víctimas de espionaje ilegal, además de fiscales, gobernadores y legisladores.

Casi todas las dependencias oficiales involucradas en la causa tienen vasos comunicantes con el Poder Ejecutivo. “Supongo que eso debe ser materia principal de la investigación que está llevando el juez y dónde conducen estos caminos. En la medida que se empiecen a tomar las declaraciones indagatorias, el velo se va a correr. Quien ingresó (al sistema de datos de Migraciones) va a tener que decir de quién recibió instrucciones. A su vez, su jefe deberá también responder. Y así llegaremos seguramente a la pirámide de los jefes de las distintas fuerzas de seguridad que tendrán que decir si ellos se cortaron solos o era una política de la ministra (Patricia) Bullrich”, lanzó.

Otros magistrados tienen prácticamente decidido seguir los pasos de Paduczak y es inminente que también soliciten presentarse como querellantes, según pudo averiguar este medio.

En la causa ya se avanzó por los movimientos consultados sobre los jueces Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, Daniel Rafecas, Luis Osvaldo Rodríguez, María Servini, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutierrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Angel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Feliciano Río, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

El propio Canicoba habría sido espiado y la parte de la investigación de la que es víctima recayó por sorteo en la jueza María Romilda Servini.

Anteriormente se requirió informes a los organismos públicos para conocer los motivos por los cuales se hicieron consultas a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones sobre viajes de dirigentes políticos, entre quienes se encuentran los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Domingo Peppo (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

También por los diputados Agustín Rossi (Frente de Todos) Alejandro Ariel Ramos y el senador Claudio Poggi (Compromiso Federal).

Ante este escenario, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó su “profunda preocupación respecto a operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces”.

 

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