sábado 25 de noviembre del 2017

   

Ahora

 

Estela de Carlotto sobre la intervención del Gobierno ante CIDH: “Insultante, mentiroso, degradante”

 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó de “insultante, mentiroso, degradante” la presentación que realizaron funcionarios del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Montevideo.

La audiencia pública fue sobre tendencias preocupantes en las políticas públicas y los fallos judiciales vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

Denunciaron que desde fines de 2015 se debilitaron o desmantelaron dependencias como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde funcionaba el “Grupo Especial de Relevamiento Documental” que contribuía con las investigaciones judiciales y otro grupo especializado en la investigación de casos de apropiación de niños.

Estado Argentino CIDH

En el ámbito del Ministerio de Defensa, recordaron que se derogó la resolución 85/2013 que prohibía que los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad atendieran su salud en hospitales de las Fuerzas Armadas.

Y en diciembre de 2016, el Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación– dispuso que los detenidos procesados y condenados por estos delitos fueran trasladados a una unidad penitenciaria que funciona en la guarnición Militar de Campo de Mayo, lo cual constituye un régimen carcelario de privilegio.
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Expusieron además que en el Poder Judicial se dictaron fallos que representan regresiones en la jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad, empezando por la decisión en el caso Muiña (que aplicó la ley “2 por 1”) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que provocó un repudio social amplio e inmediato.

Estela de Carlotto CIDH 2

Unos meses antes la Corte había declarado la prescripción de las acciones civiles contra el Estado derivadas de estos delitos en el caso “Villamil”. Y hubo otros fallos recientes que preocupan, como por ejemplo la revocación de la única condena a un empresario por delitos de lesa humanidad en el caso de la Veloz del Norte.

El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj había dicho que el Ejecutivo es víctima de una “campaña de desprestigio” que pretende asimilarlo a la dictadura. Y calificó además como “malintencionada declaración de negacionismo” de sus críticos.

La presidenta de Abuelas señaló que el documento leído por los representantes del Gobierno argentino en la audiencia fue “insultante, mentiroso y degradante”.

En diálogo con el programa Mañana Imposible por Radio La Imposible señaló que el objetivo de la audiencia era “denunciar y poner al tanto de la Comisión la realidad que estamos viviendo en la Argentina en derechos humanos”.

En la audiencia en Montevideo, solicitada por 13 organismos de derechos humanos, expusieron además Estela de Carlotto y Alan Iud de las Abuelas de Plaza de Mayo y Luz Palmás Zaldua del CELS.

“En mis últimas palabras, me despedí de la Comisión con el agradecimiento y la tranquilidad de ver cómo nos apoyaron en su recomendación hecha a quienes estaban representando al Gobierno de cómo tenían que comportarse”, contó.

“Les dieron una lección a ellos y a nosotros una protección. Fue como un alimento al alma”, concluyó Estela.

El presidente de la CIDH reiteró la preocupación de la Comisión por el fallo en el caso Muiña y la interpretación de la CSJN en el caso de Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, que se sigue tramitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La solicitud de organismos de DDHH al Estado:

– Que garantice las políticas necesarias para asegurar la plena continuidad y profundización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

– Que el Poder Ejecutivo restablezca las políticas públicas desmanteladas y resuelva reincorporar al personal especializado que fue desplazado sin causa.

– Que el Poder Judicial cumpla con las obligaciones internacionales de sancionar adecuadamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad y diseñe estrategias para acelerar las investigaciones y los juicios orales.

– Que se avance en la investigación y el juzgamiento de empresarios, directivos y/o personal jerárquico de empresas involucrados en crímenes de lesa humanidad.

– Que el Poder Legislativo ponga en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar.

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