jueves 20 de febrero del 2020

   

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EXCLUSIVO | Los explosivos testimonios que complican a Macri en la causa peajes

Qué declaró ante la Justicia Carlos Balbín, ex Procurador del Tesoro durante la gestión Cambiemos. Además, las nuevas pruebas que aportó Gustavo Gentili, ex titular del Occovi. El Gobierno le pagó por decreto U$S 500 millones a la empresa Ausol, de la cual Macri era socio y accionista. El Presidente saliente está en la mira por fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
 

Por Mariano Zucchi.

El juez Rodolfo Canicoba Corral recibió la semana pasada dos testimonios clave en la causa que investiga el escándalo de los contratos de autopistas. Gustavo Gentili, ex titular del extinto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi), brindó un pormenorizado detalle del contenido de dos informes reservados sobre las irregularidades de la concesionaria Ausol S.A, cuya accionista era Sociedades Macri (SOCMA). Pero además el ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, explicó los fundamentos por los que se opuso al millonario pago que la firma vinculada a la familia presidencial reclamaba al Estado argentino en el Ciadi.

Con estas dos declaraciones testimoniales, anticipadas en exclusiva por Diario Pulse, comienza a salir a la luz un complejo entramado de cómo se benefició a SOCMA desde las entrañas de los organismos públicos dependientes del Poder Ejecutivo. Los posibles delitos que se investigan son fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.

Los dos documentos del ex Occovi puntualizaban maniobras de evasión impositiva, obras incumplidas, distribución encubierta de dividendos e injustificables niveles de endeudamiento. Ambos fueron ignorados por la gestión de Javier Iguacel cuando estuvo al frente de Vialidad Nacional.

Durante más de tres horas, Gentili ratificó en la Justicia lo volcado en dichos expedientes reservados, que ya estaban en manos juzgado número 6 de Comodoro Py, aunque faltaba su autentificación. Su testimonio fue clave para el expediente. También dio a conocer el recorrido administrativo interno de estos documentos sensibles, desoídos por las autoridades macristas.

Uno de los informes sobre el estado de situación de la concesionaria del Acceso Norte es del 29 de mayo de 2015. El otro, del 5 de noviembre de ese mismo año. Hasta dicha fecha, la empresa presidencial llevaba acumuladas 770 actas de constatación de incumplimientos contractuales.

“Estos documentos para mi implicaban la rescisión del contrato”, dijo Gentili en su declaración testimonial según reconstruyó Diario Pulse.

Este medio accedió a dichos informes donde el organismo solicitaba a Vialidad que no pague lo que la firma exigía. “Ausol tiene un capital social de 88 mil millones de pesos y un patrimonio de 124 mil millones de pesos; en el transcurso de los veinte años de contrato no ha realizado aportes de capital –por el contrario- se manejó importando servicios financieros a un alto costo, que pagó el usuario contribuyente con su tarifa y ahora reclama $6.637.000.000 (los casi 500 millones de dólares) y, además, más ingresos y anular las obras para el saldo de plazo de la concesión. Reclama el equivalente al 7442% de su capital o 5252% de su patrimonio neto”, explica el documento.

“Si el concedente quisiera prorratear estas condiciones en el tiempo, Ausol S.A. se aviene a una prolongación del plazo de 15 años más de concesión, llegando entonces hasta 2035”. Y agrega: “Se destaca lo absurdo del reclamo que la cantidad solicitada supera el patrimonio neto de 71 empresas de las 85 que cotizan en la Bolsa de Comercio. Entre ellas y a modo de ejemplo, Edenor, Edesur, Banco Hipotecario, Metrovías, Molinos Río de la Plata, Transportadora Gas del Norte, (…) por citar algunos”.

Como novedad principal, Diario Pulse pudo averiguar que Gentili aportó nuevas pruebas a la causa: sumó un listado de pre-informes que habían presentado los interventores donde demostraban los incumplimientos de Ausol. Entre ellos, peritajes que nunca se hicieron. Estos informes le sirvieron de referencia para confeccionar los dos documentos finales que él remitió al jefe de Vialidad Nacional. “Y nadie lo tuvo en cuenta”, aseguró.

Después que se tramitó la renegociación, “a mi me llamó la atención que nunca fueron mencionados”, indicó con asombro. Cabe recordar que la concesionaria se encontraba en ese momento intervenida por Vialidad por las irregularidades antes mencionadas.

Gentili también expuso en su declaración que había realizado una denuncia en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado el 14 de junio de 2017 por evasión agravada y posible comisión de delitos de acción pública, basado en los lapidarios informes. La copia de esa presentación fue sumada a la causa.

Si bien el ingeniero no intervino en el acuerdo, se refirió al decreto y sus anexos publicados en el Boletín oficial. Puso la lupa en el monto de las inversiones mencionadas por el concesionario e indicó que Ausol S.A. solía poner esos números porque incorporaban al registro de inversiones desde los intereses pagados por deuda hasta campañas de marketing. “Eso no corresponde que esté dentro de las inversiones realizadas por la empresa como un monto por el que pedían un reconocimiento”.

Otra vertiente de la causa que la Justicia deberá investigar es la venta de acciones, que involucra a la familia presidencial. Si el grupo accionario vende sus acciones debía avisar al Occovi, que era el órgano de control de las concesiones. Gentili va más a fondo y sostiene que “no sólo debían avisar, el Occovi tenía que autorizar esos cambios”. Esto es así porque las nuevas empresas que adquieren acciones o los nuevos accionistas tienen que cumplir el mismo objeto por el cual se concedió esa concesión.

El juzgado a cargo de la investigación podría solicitar estos expedientes donde se pidió las autorizaciones de todas las ventas de acciones.

La concesión de Ausol S.A debía haberse caído ante los numerosos incumplimientos de la firma. Lejos de esto, cuando Cambiemos arribó a la Casa Rosada, desoyó los dos documentos y le reconoció a la empresa 500 millones de dólares que reclamaba además de extenderla la concesión hasta 2030 por decreto sin llamar a una nueva licitación como lo establece la ley.

El denominado “Acuerdo Integral de Renegociación Contractual” del Acceso Norte fue suscripto por el ministerio de Transporte y Autopistas del Sol S.A. Lleva la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Después que el ex Occovi elevara los lapidarios informes a Vialidad Nacional, el grupo Abertis -controlante española de Ausol- presenta el 17 de diciembre de 2015 una demanda ante el Ciadi contra la Argentina por mil ciento treinta y cinco millones de dolares (US$ 1.135.000.000). Alegó al solicitar el arbitraje incumplimientos por parte del Estado y un “desequilibrio tarifario” en las continuas renegociaciones.

Carlos Balbín, procurador del Tesoro durante la gestión Macri, defendió los intereses del Estado ante el organismo con sede en Washington. En ese marco, plantea que no correspondía pagar la deuda que reclamaba Abertis porque no se habían agotado aún todas la instancia administrativa en nuestro país para hacer un reclamo ante un Tribunal internacional. Por este motivo presenta el 3 de febrero de 2017 una solicitud de bifurcación del procedimiento.

El 27 de marzo de 2017 el Ciadi declara por mayoría (con la abstención del señor Debevoise) la solicitud de bifurcación planteada por Balbin. Es decir, hizo lugar a separar la fase jurisdiccional de la fase de fondo.

Al mes siguiente Macri lo removió del cargo y lo reemplazó por Bernardo Saravia Frías, abogado de la familia Macri e integrante de la “mesa judicial” del Presidente, cuyo máximo referente fue Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

La génesis del conflicto con Ausol arranca en 2001 tras la pesificación y el posterior congelamiento de las tarifas en 2003. Llamativamente Abertis recién se presentó ante el tribunal internacional luego que Macri gane las elecciones presidenciales.

Diario Pulse tuvo acceso a los expedientes del Ciadi donde el Procurador pone el foco en este tema clave: la firma esperó 14 años para dar inicio al millonario reclamo, con Macri ya instalado en Casa Rosada. Y alega que le generaría “gastos adiciones” recurrir a la Justicia de nuestro país.

“Argentina señaló que le sorprendió que la demandante afirmara en su demanda, que recurrir a las cortes argentinas resultaría en una situación de ineficiencia e inequidad que le generaría gastos adicionales, pues la demandante dejó transcurrir catorce años entre las medidas que alega la perjudicaron y el inicio del proceso arbitral, lo cual no es un plazo razonable y, además produce la extinción del reclamo por aplicación de las reglas de prescripción extintiva y liberatoria bajo el derecho internacional”, afirmó el Estado argentino en uno de los papers presentados ante el Tribunal.

Balbín reiteró en su declaración que “sorprende semejante afirmación cuando ha sido la demandante quien dejó transcurrir 14 años entre la adopción de las primeras medidas que cuestiona en el 2001 y el sometimiento de la presente al arbitraje internacional”. Para que no queden dudas, sostiene que esto hace caer “irremediablemente” el argumento de la demandante.

En su testimonial, que presentó por escrito por su calidad de juez de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Balbín aclaró que no participó del trámite de renegociación. “Yo ya no estaba, no era Procurador”, subrayó. Consultado por su opinión sobre el acuerdo final, volcó todos los procedimientos necesarios para dar mayor transparencia y todos los puntos que deben tenerse en cuenta en contratos de concesión pública, como por ejemplo las tarifas, la calidad del servicio y los intereses del usuario.

El punto crítico de este entramado es que el desistimiento en el Ciadi es consecuencia directa del acuerdo. La sospecha es que la presentación ante el tribunal internacional fue un simulacro de la firma vinculada al Presidente y el gobierno de Macri para luego justificar el decreto que benefició a la concesionaria de las autopistas.

El hecho objetivo es que cuando comenzó la negociación, una sociedad vinculada a Macri era parte de la concesionaria. ¿Por qué se le pagó 500 millones de dólares pese a las irregularidades documentadas? ¿Quien define las reglas? ¿Las define el Estado o las define el destinatario? El juez deberá investigar, a partir de los testimonios y pruebas, si se sustituyó un marco regulatorio estatal por un marco regulatorio creado para beneficiar a los propios destinatarios. En este caso Ausol S.A., de la cual el Presidente saliente era socio y accionista.