martes 17 de octubre del 2017

   

Ahora

Fuertes criticas a Vidal por su decreto que suspende las paritarias municipales en la Provincia

 

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, suspendió por decreto la entrada en vigencia de la ley que habilita las negociaciones paritarias para los trabajadores municipales.

El decreto 26/15 con fecha del 15 de diciembre de 2015 pero publicado en el Boletín Oficial recién el martes, suspende por 180 días una ley que regulaba la negociación paritaria y los derechos laborales de los municipales bonaerenses y establece como nuevo marco normativo una vieja ley del duhaldismo que le permitirá a los intendentes fijar los salarios de este año de manera unilateral.

“Se suspende, hasta la culminación del proceso de acompañamiento y reglamentación, la aplicación de la Ley Nº 14.656, quedando las relaciones de empleo municipal regidas por la Ley Nº 11.757 y modificatorias”, reza el artículo clave del decreto, que lleva las firmas de Vidal y de los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Gobierno, Federico Salvai y de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, con fecha del 15 de diciembre.

Según advirtió en su edición de este sábado Página/12, “a través del decreto, Vidal restablece la vigencia de la ley 11.757, una vieja norma sancionada durante la gobernación de Eduardo Duhalde y que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial en varios de sus puntos, como consecuencia del reclamo sindical”.

En 2015 había comenzado a regir una nueva ley, la 14.656, que garantizaba la legislación necesaria para enmarcar el reclamo salarial dentro de paritarias y establecía un nuevo piso de derechos, entre ellos el camino legal para la incorporación de los trabajadores contratados como planta permanente.

Sin embargo “la última etapa de implementación de la ley quedó en manos de Vidal, que a cinco días de asumir la borró de un plumazo”.

“El decreto es absolutamente inconstitucional y significa un retroceso enorme de los derechos fundamentales de los trabajadores”, denunció Lucas Arakaki, abogado de ATE.

En tanto, Marcelo Ponce Núñez, representante legal de la CTA autónoma de la provincia, aseguró que la medida apunta a “disciplinar a los trabajadores en el contexto de ajuste salarial y represión”, y adelantó que desde la central buscarán judicializar el decreto.

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), por su parte, se encuentra en alerta desde que se conoció la intención del nuevo gobierno de anular las paritarias, algo que en un principio trascendió que el gobierno provincial intentaría impulsar por ley. “Buscaron la salida para lastimar a los trabajadores. Si logran suspender las paritarias costará mucho más recuperarlas. No lo permitamos”, advirtieron en un comunicado.

El plazo establecido para la anulación de las paritarias es de 180 días. “Eso es una falacia”, explicó Arakaki, “porque en general los decretos de este estilo se prorrogan automáticamente, por lo que es esperable que el decreto funcione como una ley”.