lunes 26 de junio del 2017

   

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Gils Carbó dictaminó que la detención de Milagro Sala “es ilegal y debe ser dejada sin efecto”

 

Crédito: Foto Sur

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala, privada de su libertad desde el 26 de enero de 2016, “es ilegal y debe ser dejada sin efecto”, y señaló que, en su carácter de parlamentaria del Mercosur, Sala tenía inmunidad de arresto, la cual no fue suspendida por los canales establecidos en la ley.

La jefa de los fiscales también se pronunció en otro dictamen contra el dictado de la prisión preventiva de Sala, puesto que consideró que la justicia de la provincia de Jujuy no fundó los riesgos procesales que justificarían su encarcelamiento cautelar.

Los dos dictámenes de la procuradora general se dieron en el marco de sendos recursos extraordinarios interpuestos por la defensa de Sala contra sentencias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Uno es relativo a la inmunidad frente al arresto; el otro, sobre la prisión preventiva.

En el primero, la máxima instancia judicial de la provincia consideró que la ley 27.120 no le otorga inmunidad de arresto a los parlamentarios del Mercosur pues se trata de una cuestión regulada por los instrumentos internacionales, que no consagran inmunidad de arresto en el territorio argentino.

En forma subsidiaria, aquél tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 27.120, norma que equiparó las inmunidades parlamentarias -entre otros aspectos, como las remuneraciones- con las de los diputados nacionales.

Para ello, el máximo tribunal jujeño sostuvo que el Congreso de la Nación no puede establecer inmunidades, que -evaluó- sólo pueden ser dispuestas por una Convención Constituyente, y que la extensión de inmunidades por medio de una ley constituye un privilegio que vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional.

La procuradora general explicó que la ley 27.120 le otorga inmunidad de arresto a los parlamentarios, ya que se trata de una cuestión no regulada específicamente en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur o en regulaciones puntuales de sus organismos regionales competentes. En consecuencia, consideró que rige la equiparación con los diputados nacionales, que cuentan con inmunidad de arresto desde la elección en los términos del artículo 69 de la Constitución Nacional.