sábado 25 de noviembre del 2017

   

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#BlanqueoYMordaza: el Gobierno defendió imponer prisión y multas por divulgación sobre blanqueadores

 

El Gobierno salió a defender un artículo del proyecto de ley de blanqueo de capitales que impone penas de prisión y multas a funcionarios, jueces, periodistas y terceros en general que difundan información sobre los blanqueadores.

El diputado nacional de PRO Pablo Tonelli aseguró en Radio Belgrano que “hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas” y señaló que “la revelación de secretos alcanza a todo el mundo, sea un magistrado o tercero”.

“Hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por funcionarios públicos ni por los periodistas”, justificó Tonelli.

En tanto, el jefe del bloque Pro en Diputados Nicolás Massot admitió en diálogo con Radio Del Plata que “la verdad que la ley habla de eso, es el artículo 85”, aunque pidió al periodista Daniel Tognetti “no me pidas que te la cante literal. No sólo habla de periodistas”.

Ante la repregunta si contempla o no dos años de prisión, luego aseguró: “La verdad debería leerla de vuelta, no lo tengo presente”.

El artículo 85 del proyecto de ley de blanqueo de capitales y pago de juicios a jubilados dispone: “Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (…) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal”.

En su columna de Página/12, el periodista Horacio Verbitsky aseguró que con esta reglamentación “si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares. Como Caputo no es funcionario ni pariente, sólo amigo y deudor del presidente, nada le impediría presentarse”.

El especialista en políticas y tecnologías de la comunicación, Martín Becerra, afirmó en su blog que “la redacción del proyecto es tan descabellada que, por ejemplo, si uno de los sujetos que participen del blanqueo decidiera contar a un periodista que parte de esos fondos fueron obtenidos de manera ilícita, si el periodista al investigar los hechos y los conectara con otras irregularidades, eventualmente de corrupción estatal-privada (es una hipótesis) y si, protegiendo la identidad de su fuente original, lo publicara o difundiera por cualquiera de los medios de comunicación, el periodista cometería un delito penal según el proyecto de ley”.

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