lunes 26 de septiembre del 2022

   

Ahora

Habla uno de los jueces espiados: “Es extremadamente grave”, dijo Paduczak

 

Por Mariano Zucchi.

Sergio Paduczak, uno de los 21 jueces y juezas federales “espiados”, expresó su sorpresa y preocupación por el caso de marcada gravedad institucional que salpica al Gobierno. “No solamente por la intromisión en la intimidad de un magistrado sino por la realización ilegal de este tipo de tareas”, aseguró en diálogo con Diario Pulse. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral busca determinar si el Ejecutivo, a través de diferentes organismos públicos, desplegó acciones de “inteligencia ilegal” sobre magistrados, entre ellos al supremo Juan Carlos Maqueda. También indaga si se vigiló a dirigentes políticos y a los presidentes de los distintos bloques de Senadores y de Diputados.

“Comenzaron a aparecer ingresos masivos, en principio, a jueces de Comodoro Py, pero ya se está ampliando a dirigentes políticos”, reveló a Diario Pulse una alta fuente judicial que conoce en detalle la investigación. Además de Migraciones, el juez extendió las consultas al Banco Central, la AFIP y la propia AFI que dirige Gustavo Arribas. Ante la escalada del escándalo, trascendió que el ministro de Justicia, Germán Garavano, se comunicó telefónicamente con algunos de los magistrados para calmar la situación.

El denominador común de este masivo espionaje es la base de datos de Migraciones donde se ingresaba con una clave especial desde distintas agencias del Estado como Prefectura, Gendarmería, Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, Policía Federal, la Procuración General de la Nación, y la Unidad de Información Financiera (UIF). Canicoba Corral ya requirió informes a dichos organismos oficiales para conocer los motivos por los cuales se hicieron consultas

La inquietud radica en que los datos se obtuvieron sin respaldo legal en la mayoría de los casos. “Vienen respondiendo que no hubo una orden de alguna autoridad o un juez”, confirmaron a este diario. Un dato que no pasa desapercibido es que casi todos las dependencias oficiales involucradas tienen vasos comunicantes con el Poder Ejecutivo.

Paduczak integra el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de la Capital Federal en Comodoro Py. También subrogó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número. 5. Según El Destape -que sacó a la luz el caso- la Prefectura Naval consultó Migraciones el 25 de septiembre del año pasado por sus movimientos.

Días antes, el 7 de septiembre de 2018, el juez Paduczak junto con los colegas Angel Gabriel Nardiello y Sabrina Namer condenaron a tres acusados en el juicio oral por la venta de Tandanor. El TOF 5 además ordenó la restitución de una de las plantas y acciones de la compañía al Estado nacional.

– ¿Que lectura hace de la investigación sobre una vigilancia que hicieron a jueces a través de la base de la Dirección de Migraciones?

-Está en la etapa de investigación, pero de corroborarse en esos términos me parece un hecho extremadamente grave. No solamente por la intromisión en la intimidad de un magistrado sino por la realización ilegal de este tipo de tareas. Siempre que se realiza algo así tiene que haber una orden judicial o una investigación en marcha. Es decir, si a mí me estuvieran investigando por algo, entiendo que un fiscal, un juez, podría ordenar tranquilamente dichas medidas. Ahora si no tengo ninguna causa abierta, no existe ningún tipo de justificativo. Ni siquiera por razones de seguridad. Porque si hubieran razones de seguridad que tuvieran que adoptar esas medidas, también tendría que haber un expediente administrativo donde existiera una sospecha que peligra mi integridad física de alguna forma y por eso se toman esas medidas. Tampoco sé en qué beneficio podría ser de mi seguridad controlar si yo entro o salgo del país. Por eso desde todo punto de vista me parece una situación grave. En su inmensa mayoría creo que no hay ninguna investigación judicial.

– ¿Pudo hablar otros colegas afectados? ¿Van a coordinar una acción común?

– Hablé con mi compañero de Tribunal que es (Gabriel) Nardiello y con el doctor (Nicolás) Toselli. Queremos que la investigación avance y cuando tengamos un cuadro general veremos qué hacemos. Que el juez trabaje en plenitud y tranquilamente.

– ¿Evalúan una vez que cuenten con mayor información presentarse como querellante?

– Depende de lo que salga (en la investigación). No lo afirmamos como algo seguro ni lo descartamos.

– El Gobierno salió rápidamente a despegarse del espionaje.  ¿Lo tranquilizó las explicaciones del ministro Garavano?

– A mí no me dio ninguna explicación el ministro Garavano.

– ¿Garavano no lo llamó?

– Conmigo no habló. No tuve ningún llamado de nadie.

– Calificó el hecho de “extremadamente grave”. ¿Existe un antecedente similar?

– Es difícil decirlo, pero no recuerdo una causa en donde se haya podido determinar lo que está surgiendo hasta ahora de intromisión de tantos magistrados. Pudo haber pasado antes pero nunca tan descaradamente, que hayan dejado las huellas en la investigación.

– ¿Sospecha un motivo en su caso?

-No tengo la menor idea, yo por lo menos no lo sé. Igual, todo lo que se diga como justificativo está mal. Me hubiera gustado saber cuál era el interés que tienen sobre mi persona.

ESPIONAJE: LA LISTA
Entre los nombres sobre los que se pidieron datos se encuentran desde el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini, Martín Irurzun y Luis Osvaldo Rodriguez.

El propio Canicoba habría sido espiado y la parte de la investigación de la que es víctima recayó por sorteo en la jueza María Romilda Servini.

La lista la completan jueces del fuero penal económico como Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola y Claudio Gutiérrez de la Cárcova. También Sabrina Namer, Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrian Paduczak, Javier Feliciano Ríos y José Martinez Sobrino.

Un caso que ilustra el expediente es el que tuvo como objetivo a Casanello. El juez había viajado a Salta y un oficial de Gendarmería ingresó a Migraciones para verificar sus movimientos. Cuando le preguntaron al alférez por qué realizó dicho monitoreo se limitó a responder que fue “para asegurarle la estadía al magistrado en la provincia”, reconstruyó Diario Pulse.

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