miércoles 8 de diciembre del 2021

   

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La Procuración del Tesoro pidió la indagatoria de Macri por la deuda con el FMI


En un escrito presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, se afirma que hay "elementos de juicio" que sostienen las sospechas del delito de "malversación de caudales públicos".
 

La Procuración del Tesoro de la Nación pidió este miércoles que el expresidente Mauricio Macri sea citado a declaración indagatoria, en el marco de la causa que investiga la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su gobierno, en 2018.

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el que señala que existen «elementos de juicio» que sostienen las sospechas del delito de «malversación de caudales públicos» en perjuicio del Estado que «justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados», entre ellos Mauricio Macri.

«El uso de los fondos prestados por el FMI para satisfacer los requerimientos de inversores especulativos que pretendían reposicionarse en dólares» se corresponde «con lo que el FMI advirtió como desvíos en el uso de los recursos prestados a la República», afirmó el procurador.

Además del escrito, Zaninni presentó un pendrive con la entrevista que Macri dio a CNN días atrás, en la que habló del uso que se le dio al dinero obtenido del préstamo con el FMI. En esa nota periodística, el exmandatario reconoció que los fondos obtenidos ante el organismo de crédito internacional se destinaron a «pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo».

“Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional”, sostuvo la Procuración. Y agrega que el expresidente “contradictoriamente pretende negar, aunque lo admite luego de manera expresa” que la plata se usó para “la generación de activos externos de libre disponibilidad».

Asimismo, advirtió que también podrían haberse cometido los «presuntos lícitos de violación de deberes de funcionario público y defraudación a la Administración Pública Nacional».

La causa penal fue iniciada a instancias del presidente, Alberto Fernández, quien anunció la querella criminal en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en 2021.

 

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