lunes 25 de octubre del 2021

   

Ahora

La Procuración General de la Nación dictaminó que es inconstitucional el decreto que suspendió las clases presenciales  

Eduardo Casal sostuvo en su dictamen que el decreto no está fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases.
 

 

Eduardo Casal, el procurador general interino de la Nación, dictaminó hoy que es inconstitucionalidad el decreto de necesidad 241 del presidente Alberto Fernández en el cual suspendió del 19 de abril y hasta mañana las clases presenciales en el AMBA.

Casal sostuvo en su dictamen, que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el decreto no está fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases que depende la ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación como todas las provincias del país.

Además, el Procurador señaló que el gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en este caso no ocurre.

Así entonces, y tomando en consideración los motivos informados en el decreto

impugnado como así también el rol preponderante que ocupa el derecho a la educación en nuestro esquema constitucional, considero que las medidas adoptadas mediante el artículo 2°,último párrafo, del decreto 241/21, en lo que concierne a la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado denominado AMBA, no fueron adecuadamente fundadas puesto que, sin desconocer la situación epidemiológica por la que se atraviesa, tienen por objeto restringir el derecho fundamental a la educación que la actora debe garantizar en atención a las normas vigentes que así lo disponen (v. Constitución Nacional y ley 26.206)”, detalla el fallo.

“En este contexto, entiendo, entonces, que no es posible concluir en que fueranecesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general”, agrega.

“No se desconoce el enorme esfuerzo realizado por directivos, docentes, alumnos y sus grupos familiares para sostener el proceso pedagógico y garantizar el derecho a la educación en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y la suspensión de clases presenciales dispuesta en el contexto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el cual quedó demostrado durante 2020. No obstante, documentos del Ministerio de Educación de la Nación muestran las dificultades que enfrenta la virtualidad en el proceso educativo para garantizar efectivamente el derecho de niños, niñas y adolescentes a acceder a la educación en sus diversos niveles”, concluye sobre la necesidad de mantener la presencialidad en las aulas, según su punto de vista.

Ahora la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver; la opinión del Procurador General no es vinculante para el máximo tribunal.

Horas antes a que se haga público el fallo de Casal, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación ante la Corte Suprema, en el marco de la contestación a una vista que le dio al alto tribunal, ratificando de esta forma la posición del Gobierno porteño ante la decisión de mantener las escuelas cerradas.

En la presentación, «se observa que en los informes técnicos presentados por el Estado Nacional se refieren a datos epidemiológicos que no son los de la Ciudad de Buenos Aires» y que, si bien forma parte del AMBA, el territorio porteño debe entenderse «como una jurisdicción autónoma a la que le competen consideraciones particulares».

Luego, tras argumentar que en las instituciones porteñas se llevaron a cabo diferentes reformas para asegurar la seguridad de los chicos y evitar la propagación del coronavirus, desde la Ciudad destacaron que “la evidencia demuestra que si bien la educación remota puede complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la presencialidad es un factor decisivo en el desempeño académico de los estudiantes, que no puede ser reemplazada e incide en las probabilidades de repitencia y abandono, así como en la dimensión socio emocional de cada uno de ellos y con ello en su salud integral”.

 

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