sábado 21 de octubre del 2017

   

Ahora

La CIDH convocó al Gobierno: “Hay una zona liberada para que las empresas hagan lo que quieran”

 

El Gobierno se deberá presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) para explicar la “situación de los derechos laborales y sindicales” a partir de la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en julio de este año, ante los ataques discursivos y jurídicos contra este sector.

La tensión entre el Gobierno y la Justicia Laboral tiene al Presidente en el centro de la ofensiva. Acusó a los jueces laborales de quebrar empresas con sus fallos. También denunció a los camaristas laborales por sus fallos a favor de gremios y trabajadores y calificó de “mafia” al referirse a estos procesos.

“Este grupo de estudios laboralistas, que por suerte son una minoría, con un grupo de jueces, minoritario, laboralistas, conducido por Recalde, le han hecho mucho daño a la Argentina”, dijo Macri en un ataque a Héctor Recalde, titular de la bancada del FPV en la cámara baja.

Ante este escenario, la CIDH citó a una audiencia para el 24 de octubre en Montevideo, Uruguay.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, expresó que “durante este año hubo varios ataques del presidente Macri a los abogados laboralistas, a la Justicia laboral y sindicatos”.

“Planteamos que en realidad es un ataque hacia los derechos de trabajadores porque se está atancando la representación de los trabajadores”, aseguró. “Por eso hicimos una serie de denuncias internacionales, y la CIDH resolvió tratar el tema de la violación de los derechos laborales en la Argentina”.

“Había un ataque sistemático en todo lo que tenga que ver con la intermediación entre trabajadores y empresarios, la acción colectiva a través de los sindicatos, la Justicia laboral. Ese ataque lo que intenta generar en la opinión pública es un descrédito de modo de poder avanzar en reformas laborales formales, pero también las que se dan de hecho, que son las más grave. Hoy estamos en una realidad que ante ciento de miles de despidos, el ministerio de Trabajo no actúa, no convoca a las empresas a que explique las razones”, indicó Cremonte en diálogo con el programa radial “Café Universidad” de la Universidad Nacional de Cuyo.

Y subrayó: “Hay una suerte de zona liberada para que las empresas hagan lo que quieran. Eso es grave”.

“Es la primera vez que la CIDH trata un tema así. No debería ser tan extraño porque los derechos laborales son parte de los derechos humanos. Y el pacto de San José de Costa Rica tiene en su normativa referencia a los trabajadores y su defensa”.

El titular de Abogados Laboralistas aseguró que está en juego la independencia de los jueces laborales. “Hay cinco camaristas, dos jueces laborales que tienen pedido de juicio político por parte del Gobierno nacional por lo que dijeron en sus sentencias. Es decir, no por mal desempeño en sus funciones o irregularidades sino porque le dieron la razón a algunos los trabajadores y el Gobierno entendió que esto no debiera ser así”.

Apuntó finalmente al “sueño de los empresarios de poder eliminar toda intermediación que exista entre trabajadores y empleadores de modo de avanzar más en lo que es el objetivo de las empresas, que es la ganancia ilimitada en muchos casos. No se ataca por una vendetta personal, sino porque a través de eso se logra legislaciones que permiten aumentar sus ganancias. No hay mucho misterio“.

CIDH