jueves 23 de noviembre del 2017

   

Ahora

 

Mesa judicial del Gobierno y operadores con llegada a jueces federales

 

El Gobierno dispone de una “mesa judicial” para tratar los asuntos tribunalicios y de aquellos actores que lo incomoda, como el caso de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Esta mesa está integrada por el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el apoderado de Pro, José Torello. Una silla está reservada para Ernesto Sanz, considerado como “el ministro sin cartera”.

También hace su aporte Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura, quien propone sacar a Gils Carbó por decreto.

A este elenco se suman los asesores satélites como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ideólogo del nombramiento por decreto de los jueces de la Corte.

“A Pepín, Macri le encarga misiones puntuales. Aunque desmiente tener contacto con Comodoro Py, LA NACION pudo conocer que mantuvo al menos una reunión con un importante juez federal. Lo hizo en territorio neutral, en el departamento de un importante empresario”, reveló el matutino.

Queda al descubierto así la íntima relación entre hombres cercanos al Presidente con el Poder Judicial.

Por fuera de la “mesa judicial” estable están los otros asesores judiciales. Son aquellos que hacen llegar a los despachos los deseos del poder político. La Nación reconoció que estos operadores no orgánicos de la “mesa judicial” son los que “intentan mover los hilos de la Justicia en las sombras”.

En el elenco de Macri figura el presidente de Boca Juniors Daniel “Tano” Angelici quien “debe operar con sigilo”. “Yo pongo y saco jueces y fiscales en la Ciudad”, les dijo a dos funcionarios de la Justicia Federal, que lo confirmaron a Perfil.

Según La Nación, “El Tano” tiene ascendencia en los servicios de inteligencia a través de dos lugartenientes, Darío Richarte y de Sebastián “Enano” De Stefano, encargado del área de jurídicos de la AFI. También controla la justicia porteña y tiene a alguien de su confianza en la IGJ, Sergio Brodsky.

Los servicios de inteligencia son otro punto importante. Una de las primeras medidas de Macri en su arribo a la Casa Rosada fue disponer por decreto que todo el presupuesto de la ex SIDE vuelva a ser secreto: convirtió $ 1450 millones en una potencial caja negra.

El 6 de mayo derogó por medio del decreto 656 un decreto del año pasado que reglamentaba la ley de inteligencia sancionada en febrero de 2015 que habilitaba el acceso público a la información sobre el uso del dinero de la AFI. La excepción eran los recursos destinados a tareas específicas de inteligencia que si bien se mantenían reservados, debían quedar registrados con documentación que lo respalde.

El Presidente dispuso además través de un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones (Dicom), también conocido entre los servicios de inteligencia como “Ojota”, sea transferido del Ministerio Público Fiscal (MPF) a la Corte Suprema de Justicia.

Cristina Kirchner denunció hoy al Gobierno nacional de utilizar el Poder Judicial para “atemorizar los dirigentes de la oposición” y hacerlos “callar” en “el Parlamento”.

Luego de presentarse en Comodoro Py en la causa que investiga la firma del Memorandum con Irán, la senadora electa señaló que “detrás de esto está el Gobierno y sus operadores judiciales”.

“El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición: quieren hacer callar a la oposición en el parlamento”, enfatizó.

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