martes 29 de septiembre del 2020

   

Ahora

¿Opera la mesa judicial PRO? | Peajes: “Las pruebas son abrumadoras”

 

JUNTOS. En 2018, Martín Irurzun se reunió en el bar Biblos con "Pepín" Rodríguez Simón, sindicado como uno de los operadores de la denominada Mesa Judicial que operó durante el macrismo.

Tras la anulación de los procesamientos de ex funcionarios macristas en la causa que investiga la escandalosa renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018, el ahora ex juez Rodolfo Canicoba Corral aclaró que “la cantidad de pruebas son abrumadora”.

“Acá se aprovechó la circunstancia de la pandemia, pero esta una causa que se viene tramitando desde el último trimestre del año pasado. Se tramitó públicamente y nunca se decretó secreto de sumario, nunca se ordenaron detenciones ni incomunicaciones, ni ningún tipo de medidas restrictivas. Los abogados podían acceder al expediente cuando quisieran. Con la pandemia accedieron por la vía electrónica. Siempre fue con las máximas garantías”, aseguró en diálogo con Alejandro Bercovich en el programa Pasaron Cosas (Radio Con Vos).

Además explicó que “esto mismo lo contesté porque lo plantearon las defensas en primera instancia. Está todo en el expediente. Fundé el rechazo de estas nulidades porque además ese es el período, hasta la indagatoria, de la reunión de las pruebas. Todo esto está dicho en el expediente y fundado en ley. Pero parece que la Cámara ha tenido otra opinión”.

Consultado si cree que hubo una protección de los jueces Martín Iruruzn y Leopoldo Bruglia, quienes argumentaron que, cuando esos ex funcionarios fueron indagados no se les permitió el pleno acceso a la prueba que había en su contra, aseguró que “es un tema que se puede apreciar. En principio la Cámara puede confirmar o revocar. Ya me pasó a mí en su momento con la causa de las coimas en el Senado. También me anularon. A veces se anula cuando no hay elementos para revocar”.

“No conozco los argumentos de la Cámara, pero hay todo un trasfondo que los periodistas deberán investigar”, agregó.

En cuanto a la investigación sostuvo que “la prueba es irrefutable, se vienen juntando pruebas desde el último semestre del año pasado, no hubo detenciones, ni incomunicaciones ni allanamientos extemporarios. Ustedes pueden ver la relación a derecho y cuál es la relación política, que lo puede haber”.

“La pregunta que hay que hacerse acá es si hay elementos o no para llegar a juicio oral. Todo lo otro son especulaciones de las defensas. Fueron contestados los argumentos que no habían podido tener acceso a la pruebas y se rechazaron con el apoyo del fiscal”.

En este sentido remarcó: “La lectura de la prueba nos llevó en las indagatorias más de media hora. La enunciación. Imagínese que la cantidad de pruebas es abrumadora”.

“El fiscal de la Cámara, que reemplaza a Moldes, es el único que puede continuar con la acción”, indicó. ¿Se caería la investigación? Para Canicoba habría que ver “si la nulidad abarcaría todo. En mi opinión no puede ir más allá de la indagatoria. De hecho, se pidió la nulidad en indagatoria donde se negaron a declarar, es decir que no había ningún agravio en la nulidad o no de la indagatoria. Lo que pasa es que en indagatoria es requisito necesario para poder procesar. No sé hasta dónde abarcó. Me parece muy difícil que la nulidad haya podido abarcar las pruebas”.

La Cámara Federal porteña declaró el jueves la “nulidad” de los procesamientos al ex ministro de Tranporte Guillermo Dietrich; a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne; al ex ministro de Energía Javier Iguacel; y al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

Se trata de los cuatro ex funcionarios de Cambiemos procesados en la causa en la que se investiga si desde el Gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL), vinculadas comercialmente con empresas de la familia del ex presidente.

“Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas a las que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo”, sostuvieron los camaristas en el fallo de cuatro páginas.

“La indagatoria debe cumplir con los requisitos básicos de informar los hechos y pruebas en contra del imputado. Y además, según la jurisprudencia del Tribunal, es exigencia ineludible que se ponga a su disposición -aunque no sea posible inmediatamente en el acto- las pruebas que se enunciaron como de cargo”, plantearon.

En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio.

Cuando los procesó, a fines de julio pasado, el entonces juez Canicoba Corral sostuvo que tanto Dietrich como Iguacel, que por entonces era el titular de Vialidad, y Frías habrían actuado “direccionando toda negociación y contratación” para beneficiar a empresas vinculadas con el Grupo Macri.

A Dujovne lo encontró responsable de omitir “intencionalmente intervenir en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia”.

La pesquisa gira en torno a un reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas concesionarias por inversiones supuestamente realizadas “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”, según consta en el expediente.

Al dictar los procesamientos, Canicoba Corral había remarcado que para justificar el reconocimiento de una supuesta deuda a las empresas beneficiadas se utilizó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)” en base a una demanda contra la Argentina «que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.

La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al Grupo Macri y presentada pocos días antes de que el ex presidente asumiera en el cargo, sirvió -según la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.

Pese a todo ello, el 26 de junio de 2018 “se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste”, había remarcado Canicoba Corral.

El juez calculó un posible perjuicio por 500 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.

 

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