miércoles 5 de agosto del 2020

   

Ahora

Peajes | Iguacel fue citado bajo apercibimiento: podría ser detenido

 

Por Mariano Zucchi.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso que se notifique al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, a presentarse en los Tribunales bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública y ordenarse su detención, en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.

Iguacel debe ponerse en contacto con el juzgado dentro de los tres días hábiles, a contar desde su notificación, pero no respondió a la convocatoria a declarar en calidad de imputado en el marco de este expediente en el que fueron citados los ex ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Guillermo Dietrich (Transporte), el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, el ex jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, y el presidente ejecutivo de Ausol, Andres Barberis.

El magistrado dispuso a través de la División de Investigación de Lavados de Activos de la Policía Federal la nueva notificación y el funcionario deberá aportar además un número de teléfono personal con el fin de evitar otras demoras.

“Tiene que presentarse bajo apercibimiento de ser detenido”, dijo a Diario Pulse una fuente judicial. La misma suerte corre para Stoddart, cuyo abogado se apartó de la defensa, y debe notificarse al Tribunal como Iguacel.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

“Se investiga las maniobras defraudatorias y actos en violación a las leyes vigentes que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por los funcionarios públicos, en connvivencia dolosa con particulares, que intervinieron en las negociaciones y procedimientos de renegociación Integral del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la C.A.B.A”, señaló el juez en la resolución.

Las indagatorias se realizarán por videoconferencia en fechas a confirmar a raíz de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus. A todos los citados a indagatorias se les impuso, además, la prohibición de salir del país.

La causa se inició con una denuncia presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau quienes relataron que para concretar la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis (vinculada con Ausol) ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.

La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado, por decreto y sin llamar a una nueva licitación como lo establece la ley.

La relación del ex presidente Macri con Ausol fue formalmente reconocida cunado la ex vicepresidenta Gabriela Michetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Canicoba Corral solicitó también a la justicia española -por vía diplomática- el allanamiento de la empresa Abertis para que se gestione el secuestro de toda la documentación relacionada con la denuncia en el CIADI, la renovación de los contratos, mails, y todo material vinculado a la causa. Desde Cancilleria confirmaron a Diario Pulse que el pedido ya se remitió.

Durante los dos primeros años del mandato de Cambiemos, el entonces jefe de Estado concedió fuertes aumentos en los peajes. Sólo en 2017, el incremento alcanzó un 120%. Fue una suba que Macri se auto-concedió ya que el holding de la “famiglia”, Sideco Americana S.A, controlaba el 7% de las acciones en Ausol S.A. Rápidamente el valor de las acciones se duplicó.

Tras dos años de tarifazos en los peajes, Sideco vendió sus acciones a la empresa Natal Inversiones S.A., una firma dedicada al rubro agropecuario sin experiencia ni conocimientos en temas viales. Poco importó al gobierno de Macri: fue un negocio redondo para el entonces Presidente.

En la causa que instruye Canicoba se investiga también la prórroga de la concesión pese a dos documentos que recapitulaban 50 informes presentados por el extinto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi) que detallan escandalosas irregularidades en las que operaba Ausol: maniobras de evasión impositiva, obras incumplidas, distribución encubierta de dividendos e injustificables niveles de endeudamiento.

Gustavo Gentili, ex Director del Occovi explicó en la Justicia que en su momento Ausol tenía un capital social de $88 mil millones y un patrimonio de $124 mil millones. “En el transcurso de los veinte años de contrato no ha realizado aportes de capital –por el contrario- se manejó importando servicios financieros a un alto costo, que pagó el usuario contribuyente con su tarifa y ahora reclama $6.637.000.000 (los casi 500 millones de dólares) y, además, más ingresos y anular las obras para el saldo de plazo de la concesión. Reclama el equivalente al 7442% de su capital o 5252% de su patrimonio neto”, aseguró.

Gentili brindó un dato de alto voltaje para la causa: la firma Ausol S.A adhirió a la ley de blanqueo para pagar la deuda que había dictaminado la AFIP. “Ausol blanqueó plata”, reveló en diciembre pasado en diálogo con Diario Pulse. “Y si se adhiere al blanqueo es porque los incumplimientos fueron con el Estado”.

El magistrado consideró que existe el grado de sospecha para indicar que los integrantes del gobierno anterior citados ahora a prestar declaración indagatoria participaron en la comisión de los delitos investigados. Los ex funcionarios y el empresario serán indagados por “maniobras defraudatorias”, que, según juez, resultaron “gravemente lesivas para las arcas del Estado”.

 

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