domingo 17 de diciembre del 2017

   

Ahora

 

Reparación histórica a trabajadores despedidos de YPF y víctimas del atentado a la AMIA

 

La Cámara baja convirtió en ley por unanimidad el proyecto que contempla una indemnización a los ex empleados de YPF que fueron excluidos del pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada, cuando se privatizó la petrolera del Estado en la década del 90. También aprobó la indemnización a las víctimas del atentado a la Amia.

La iniciativa que otorga reparación histórica a unas 36.000 familias de empleados de la petrolera estatal fue sancionado por 214 votos, con el respaldo del Frente para la Victoria, el radicalismo, el PRO, el massismo, el FAP, la Coalición Cívica, el Partido Obrero y el Partido Socialistas de Trabajadores.

De esta manera, el Congreso aprobó una ley para saldar una lucha de casi 25 años de los ex trabajadores de YPF, a los que se negó el pago de las llamadas acciones de “propiedad participada” pese a lo previsto por la ley con la que esa empresa fue privatizada durante el gobierno de Carlos Menem.

Según la ley de privatización, los trabajadores debían recibir una porción del 10 por ciento del paquete accionario de la empresa, pero ese derecho les fue desconocido a los despedidos.

La sanción de la iniciativa fue aplaudida y festejada por ex trabajadores de YPF presentes en el palco durante toda la sesión, al concluir un debate que se extendió por más de cuatro horas.

El proyecto aprobado por diputados, reformado por Senado y que la cámara baja convirtió en ley otorga una indemnización que es equivalente al valor en pesos de 956 acciones de la compañía que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública.

Entre los cambios realizados por el Senado se encuentran la incorporación de un párrafo en el artículo segundo de la norma, estableciendo que el valor de la acción de la compañía no podrá pagarse a menos de 311 pesos.

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE LA AMIA

Diputados también convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para otorgar una indemnización reparatoria a las víctimas del atentado contra la AMIA, en una votación unánime que contó con 197 votos a favor.

Durante el tratamiento de esta tarde, con discursos breves, las diferentes bancadas expresaron sus respaldos al texto definitivo, a excepción de algunos diputados, como los de la Izquierda, que, pese a apoyar, pidieron que los beneficiarios no deban renunciar a acciones judiciales para cobrar la indemnización.

Remo Carlotto (Frente para la Victoria), en carácter de presidente de la comisión de Derechos Humanos, consideró que “el beneficio está expresado en los mismos términos de las leyes reparatorias por desaparición forzada de personas, apropiación de niños y el atentado embajada de Israel”.

Entre otros aspectos, el proyecto establece el derecho a percibir “por única vez” un “beneficio extraordinario” a “través de sus herederos o derechohabientes o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas” por el atentado contra la AMIA, “hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional”.

La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo hecho por el proyecto en base a lo que cobran los agentes Nivel A, Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, al menos durante 2014, multiplicado por el coeficiente 100.

“El plazo, como también lo fue en el caso de las víctimas de la embajada, se determina según la cantidad de víctimas y heridos.
En este caso será de 180 días”, explicó la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tulio a través de un comunicado en el que remarcó: “Es un día de reparación y de alegría, donde por fin este Congreso puede darle a esta ley sanción definitiva”.

En tanto, de acuerdo al proyecto, quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70 por ciento de ese monto y los heridos graves, un 60 por ciento de la cifra mencionada.

La primera iniciativa para otorgar un beneficio reparatorio a las víctimas del atentado a la AMIA fue presentada en 2007 por el Frente para la Victoria, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificara que el Estado argentino era corresponsable de la voladura del edificio que, en julio de 1994, dejó como saldo 85 muertos y más de 150 heridos.

La Cámara alta había aprobado un proyecto similar en 2011, pero Diputados nunca trató la iniciativa, por lo que la sanción del Senado fue desechada a fines del año parlamentario 2013.

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