El Gobierno de San Luis demandó al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) ante la Justicia Federal por los tarifazos del gas.

Con esta medida, el Estado provincial busca proteger de las subas a clientes, usuarios, beneciarios, instituciones públicas provinciales y consumidores más vulnerables.

El recurso de amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y por el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz.

Los funcionarios provinciales calificaron como «inconstitucional e inaplicable» el aumento en la tarifa del gas.
En su presentación, resaltaron la «inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas» por parte de las empresas, como así también que las compañías trasladen esos costos a la tarifa final que llega al usuario.

Para el Estado provincial, esa determinación viola los derechos de los consumidores y especícamente lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42° y 75° inc. 22° de la Constitución Nacional.