lunes 27 de marzo del 2017

   

Ahora

Santos y Uribe designaron a sus representantes para renegociar el proceso de paz

 

El gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y el Centro Democrático (CD), que orienta el ex mandatario Alvaro Uribe, ganador del plebiscito del pasado domingo que dejó el acuerdo con las FARC en el limbo, designaron tres representantes como primer paso para renegociar un acuerdo político nacional que permita salvar el proceso de paz.

Por el gobierno estarán la canciller María Ángela Holguín; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. Los tres fueron plenipotenciarios en las negociaciones con las Farc en La Habana.

Por el uribismo fueron designados Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque. Los tres fueron los jefes de debate en defensa del No en el plebiscito y tienen la investidura de precandidatos presidenciales.

El Presidente, además, expresó que de parte suya existe “toda la voluntad y la determinación” para “llegar pronto a soluciones satisfactorias para todos”.

Refiriéndose a los uribistas, dijo que se necesita “actuar con prontitud y poner límites de tiempo, pues la incertidumbre y la falta de claridad sobre lo que sigue pone en riesgo todo lo que hasta ahora se ha construido”.

Por su parte, Uribe sorprendió el lunes en el Senado al mostrarse dispuesto a apoyar una amnistía amplia para los guerrilleros de las FARC, pidió protección para los integrantes de esa insurgencia mientras se mantengan en cese del fuego y de hostilidades, y pidió aprobar una ley que alivie la situación de los militares condenados por razones del conflicto armado, sin que se llegue a la impunidad.

El acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que fue ajustadamente rechazado este domingo en un plebiscito recogía un proyecto de Ley de Amnistía que preveía el perdón jurídico para aquellos guerrilleros que no hubieran cometido delitos graves.

Quienes hubieran violado el estatuto del Tratado de Roma, que incluye crímenes de lesa humanidad, torturas, abusos sexuales o reclutamiento de menores, afrontarían penas privativas de la libertad de hasta ocho años siempre que reconociesen haber cometido esos delitos.