viernes 15 de diciembre del 2017

   

Ahora

 

El Gobierno rechazó el reclamo de ONU y OEA y se niega a liberar a Milagro Sala

 

El Gobierno respondió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la situación de la detención de Milagro Sala en Jujuy y aseguraron que dejarla en libertad “implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación” judicial.

“Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria”, evaluó el Gobierno.

Determinó que “la evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad [por Sala] en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación”.

La respuesta de la Cancillería quedó plasmada en un informe de 21 páginas que elevó tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Grupo de Trabajo de la ONU.

En el escrito de la cartera que conduce Susana Malcorra, asegura que “se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas”.

El Grupo de Trabajo de la ONU solicitó la liberación inmediata de Milagro Sala, afirmó que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria” y en consecuencia solicitó “al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”, tras permanecer encarcelada en Jujuy desde febrero de este año.

El Grupo de Trabajo, “al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva” y además “consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad”.

Según el organismo de la ONU, “el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada”.

Además, “entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención”.

El Grupo entendió que la detención de Sala “se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos”, solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.

El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de Trabajo, en este caso consecuencia de una denuncia presentada por Amnistía Internacional, el Cels y Andhes en febrero de este año, luego de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy.

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