viernes 19 de abril del 2019

   

Ahora

Stornelli, el fiscal declarado “en rebeldía”, debe investigar el escándalo de los mochileros PRO

 

Por Sol Fabi.

El escándalo de los mochileros PRO, que salió a la luz cuando una empleada del Ministerio de Desarrollo Social descubrió que pese a que la habían despedido su cuenta sueldo seguía siendo usada para depositar y retirar a su nombre fuertes sumas de dinero, tiene quien lo investigue. La causa recayó en el juzgado federal 7 a cargo del juez Sebastián Casanello y la denuncia quedó bajo la órbita de un fiscal que en las últimas semanas ocupa un lugar preponderante en la agenda mediática por su vinculación con la causa que investiga una red de espionaje ilegal y extorsiones: Carlos Stornelli.

Se trata de un fiscal cercano al Gobierno. Tejió su vínculo con Mauricio Macri en Boca: fue parte de la Comisión de Seguridad que Macri creó en 2007 (cuando presidía el club) y también miembro de la Comisión Directiva de esa entidad deportiva hasta finales de 2015. Además es quien tiene a su cargo la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno -donde se habrían asentado los pagos de coimas durante los gobiernos kirchneristas-, una investigación impulsada con especial interés por el macrismo en su afán de levantar la bandera de la transparencia como marca de su gestión.

Precisamente, esta causa (de las fotocopias de Centeno) tiene en los últimos meses a Stornelli como uno de los protagonistas de otro escándalo: quedó involucrado en la denuncia por extorsión que el empresario agropecuario Pedro Etchebest hizo contra el falso abogado Marcelo D’Alessio (quien está detenido). En concreto, el empresario denunció que D’Alessio le pidió una coima, supuestamente en nombre de Stornelli, para no que no quedara mencionado en la causa de los cuadernos.

Etchebest aportó como pruebas de sus dichos chats que mantuvo por Whatsapp con D’Alessio, en los que el fiscal era mencionado, y hasta una filmación de un encuentro que mantuvo con el falso abogado y con Stornelli en un balneario de Pinamar.

La causa destapó una red de espionaje ilegal en la que, además de estar implicados D’Alessio y el fiscal, están mencionados entre otros políticos, empresarios y periodistas. Es investigada por el juez federal de Dolores, Alejo Padilla, quien declaró en rebeldía a Stornelli por no presentarse en las reiteradas citaciones que le hizo a prestar declaración indagatoria.

Stornelli busca llevar este expediente a Comodoro Py, declarando a Ramos Padilla incompetente en la causa por una cuestión de jurisdicción, pero el juez rechazó esa posibilidad por segunda vez en 20 días. Sucede que el fiscal busca apartar al magistrado del caso que lo tiene ubicado en una posición incómoda, tanto para él como para el Gobierno.

Ahora Stornelli debe actuar en el caso que reveló una serie de irregularidades en el manejo de fondos del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), que fueron denunciadas por la ex funcionaria y dirigente del PRO Karen Arrúa. Esta causa tiene como implicado a Pedro “Piter” Robledo, subsecretario de ese organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, sospechado de los delitos de “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos”.

Karen Arrua Piter Robledo

En su declaración ante el juez Casanello, Arrúa –Presidenta de los Jóvenes PRO en Esteban Echeverría y Subcoordinadora de la Tercera Sección Electoral entre 2016 y 2018– afirma que una agente territorial de la Subsecretaría le reveló una serie de procedimientos para el manejo de fondos del instituto sumamente irregulares. “Eran habituales los giros de dinero a las cuentas sueldo de algunos agentes de la subsecretaría con el fin de pagarle a los proveedores (de las jornadas recreativas) en mano”, dijo.

Pero eso no es lo más llamativo. Arrúa declaró que -según le reveló la empleada de la subsecretaría- los agentes “podían ir varias veces a la sucursal del Banco Nación, con mochilas y que por ventanilla podían hacer las extracciones de la cuenta sueldo y luego volvían a la subsecretaría con las mochilas cargadas de efectivo”.

En concreto, en cada cuenta se hacían depósitos por 150 mil pesos, monto que la ex dirigente PRO explica era el tope máximo permitido para invertir en cada jornada de recreación del Programa “Acá Estamos” del INJUVE. Lo más grave, aclaró, es que personal de la subsecretaría iba al Banco Nación y “retiraba la plata depositada en la cuenta de uno de los agentes territoriales sin su presencia” y sin que hubiera “ningún tipo de orden firmada” para hacerlo de esta manera.

Esta maniobra es similar a la utilizada por Cambiemos en el escándalo de los aportantes truchos a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal, en el que cientos de personas figuraban como donantes de dinero a la coalición oficialista, sin tener conocimiento ni los fondos para hacerlo.

Declaración testimonial de Karen Arrúa en la Justicia by Diario Pulse on Scribd

 

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