martes 15 de enero del 2019

   

Ahora

Tensión en la Corte | Por una acordada, limitan el poder de Rosenkrantz

 

El presidente de la Corte Suprema de la Nación sufrirá a partir de hoy un fuerte recorte en sus funciones. Por decisión de la mayoría de los ministros del máximo tribunal, que firmaron una acordada, Carlos Rosenkrantz tendrá menos poder a la hora de resolver sobre el manejo administrativo y económico de la Corte.

A través de la acordada 44/2018, firmada hoy poco después del fallo en contra de la Anses por el índice de actualización de las jubilaciones, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti resolvieron modificar –recortar- el poder del presidente de la Corte en el Reglamento para la Justicia Nacional.

Si bien en un primer momento la vicepresidente de la Corte, Elena Highton, se había sumado al voto de la mayoría, finalmente dio un paso al costado y se abstuvo. Así, el único voto en disidencia fue el del propio presidente del tribunal.

La acordada reduce el poder de decisión de  Rosenkrantz en cuestiones de presupuesto y administrativas, tales como designaciones, renovaciones de contratos y renuncias de empleados de la misma Corte.

“Es claro, por los votos de los ministros, la interna entre ellos (los jueces de la Corte) y la puja entre Lorenzetti y Rozenkrantz. Lorenzetti busca debilitarlo, habiendo logrado consenso entre Maqueda, Rosetti y él, opinó Natalia Aguiar, periodista y autora del libro “El señor de la Corte” en diálogo con Diario Pulse.

Pese a esta “interna”, Aguiar consideró que lo planteado en la acordada “es lo que siempre debió ocurrir” porque “el presidente de la Corte es un par más del resto de los Ministros y no  tiene por qué tener más atribuciones que el resto”.

“Que el tribunal tome decisiones con mayorías simples es lo que siempre debió ocurrir porque si no estaríamos hablando de un totalitarismo, que es lo que ejerció Ricardo Lorenzetti”, agregó.

Por otra parte, Aguiar destacó que “no es que Rosenkratz pierde poder” sino que “gana la institucionalidad y la Corte” porque “las grandes decisiones, disposición de dinero, nombramiento de personal, contrataciones de personal, licitaciones  públicas deben ser tomadas por la mayoría simple”. Y concluyó que el hecho de que se haya resuelto de este modo “es una garantía para los ciudadanos” y “una forma de cuidar los fondos públicos del Poder Judicial”.

Tras la acordada, para resolver –entre otros puntos- sobre nombramientos del personal de la Corte y del Poder Judicial y cuestiones presupuestarias, será necesario que cada decisión cuente con el apoyo de la mayoría de la Corte. Esto es, que tres jueces (puede estar incluido o no su presidente) la apoyen.

Los Ministros de la Corte justificaron las modificaciones en el Reglamento basándose en el artículo 113 de la Constitución Nacional donde se establece que la Corte “dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados”.

“La Corte suprema de Justicia de la Nación designará y aceptará las renuncias de sus funcionarios y empleados por mayoría de tres (3) de sus miembros. De la misma manera, será decidido el otorgamiento de la renovación de los contratos de personal de este Tribunal de los restantes tribunales del Poder Judicial de la Nación”, señalaron los ministros en la acordada de hoy.

Los ministros de la Corte fundamentaron en su escrito que “con el objeto de afianzar la participación y profundizar el consenso en la adopción de sus decisiones, el Tribunal considera oportuno retomar el ejercicio de las aludidas competencias delegadas en materia de superintendencia sujetarlas al principio de la mayoría”.

Por su parte, Rosenkrantz reconoció  -en su voto disidente- que  “es altamente deseable un esquema de administración judicial reglado que minimice la posibilidad de discreción para la realización de los objetivos de eficiencia transparencia”, y argumentó que “este esquema reduce la discrecionalidad en la toma de decisiones, al sustituir un mecanismo de decisión unipersonal por otro donde se requiere el logro de consensos y se aplican pautas objetivas de contratación”.

No obstante, consideró que “si bien es indispensable introducir cambios en el sistema de contratación actual los efectos de realizar los objetivos de eficiencia, transparencia, mayor intervención de todos los Ministros más arriba señalados, cualquier modificación al sistema imperante debe llevarse a cabo con estricto apego la legalidad”, y en ese sentido sostuvo que “desde 1961 el órgano designado por el Congreso para ejecutar el presupuesto del Poder Judicial de la Nación es el Presidente de la Corte Suprema”.

“Tal atribución ha sido ratificada y mantenida desde entonces, por más de cinco décadas, ya que fue reafirmada expresamente en 1980 y en 2013”, al tiempo que mencionó que “la ley 11.672 precisa con claridad que la autoridad competente para ejecutar el presupuesto del Poder Judicial aprobado por el Congreso es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

 

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