La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó hoy una denuncia penal contra la ex vicepresidente Gabriela Michetti por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles por haber realizado pagos millonarios por obras que no tuvieron avances en la Cámara alta.
La acusación alcanza a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A, informaron fuentes de la presidencia del Senado que conduce Cristina Fernández de Kirchner.
De acuerdo a la presentación, «Michetti le dio más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación».
Según fuentes de la Presidencia del Senado, la ex vicepresidenta del gobierno de Cambiemos «hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances. Se pagaron más de 180 millones de pesos, las obras están inconclusas y los avances de obras no coinciden con el millonario presupuesto gastado por Michetti».
Las mismas fuentes dijeron que se constató que «la empresa no era proveedora del Senado y nunca se pidió la habilitación de la obra», así como el hecho de que «se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares».
«Los anticipos millonarios entregados por adelantos financieros y certificados de obra no coinciden con el avance de la misma», afirmaron.
En la denuncia, la abogada Peñafort asegura que se verificó la «concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del H. Senado de la Nación» y «un posible sobreprecio de obra configurativo del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
También señaló que «se han verificado otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna» y que «dichos anticipos no sólo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada».
Además, indicó que «no se ha podido certificar que dichos anticipos —en todos los casos de un 5 y un 20 por ciento del monto total de la obra sin haberse siquiera dado comienzo efectivo a las tareas— hayan sido utilizados para los fines declarados»; y que «se han pagado certificados de obra por tareas que no han sido ejecutadas».
«Debemos destacar que, amén de las diversas irregularidades correspondientes a los trámites licitatorios, las tres obras de magnitud correspondientes a los inmuebles del HSN fueron adjudicadas a la misma empresa – DINALE SA -, en lo que pudiera resultar una concentración irregular en manos de una empresa que siquiera se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del H. Senado de la Nación», sostiene.
LOS HECHOS
La denuncia de Peñafort está referida a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del Senado, en la cual Dinale S.A. fue la única empresa presentada a licitación, y por lo tanto, adjudicataria de la obra en cuestión, por un monto total de 249,6 millones de pesos, cuyo plazo de ejecución fue asignado en nueve meses desde el acta de inicio de obra (20 de mayo de 2019, venciendo el día 20 de febrero de 2020).
Según la denuncia, la empresa solicitó el anticipo financiero correspondiente al 5 por ciento del monto total, luego un anticipo financiero extraordinario del 30 por ciento —del cual se aprobó un 25 por ciento y se otorgó un 20 por ciento— y lleva presentados 8 certificados de obra, sumando todo ello un porcentaje total de 84 por ciento del total de la obra, de los cuales se abonó un monto total de 181 millones, correspondiente a un 72,6 por ciento del monto de la licitación.
Los otros trabajos son la reestructuración de vías de escape, contra incendio, pleno de escalera, nuevo ascensor, para los cuales la empresa solicitó un anticipo financiero del 5 por ciento por un total de 4,2 millones, y que el 22 de julio de 2019 la empresa solicitó nuevamente una ampliación del monto anticipado, esta vez por un 30 por ciento del monto del contrato.
Michetti, dice la denuncia, recomendó el otorgamiento de un anticipo financiero correspondiente a un 25 por ciento del total adjudicado, el cual es efectivamente otorgado por medio de un acto administrativo que no cuenta con fecha y cuya firma siquiera contiene la aclaración correspondiente.
En octubre de 2019, esto es, a casi cuatro meses de iniciadas las obras —que debían durar diez— la empresa presenta una propuesta de readecuación de la obra original, cuya consecuencia directa era la ampliación de los montos de contratación.
Señala que se han pagado adelantos porcentualmente importantes respecto del monto total de la obra, y los primeros cuatro certificados de obra, siendo que, a la fecha, conforme los informes de obras incorporados al expediente, la obra se encuentra recién avanzada en un 12,17 por ciento.
Se indicó, además, que se abonaron certificaciones de avance de obra que no se corresponden con el avance concreto de la obra ni con los montos anticipados de manera previa y excepcional.
Y que la totalidad de los certificados de obra aprobados refieren a trabajos preliminares, no acreditados, y en ninguno se ve reflejado el inicio de obra propiamente dicha, a pesar de los pagos realizados.
«Otra grave irregularidad: a fecha y pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco gestionó en consecuencia los correspondientes permisos de obra, no se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes», dice la denuncia de Peñafort.
MILLONARIAS CONSULTORIA
Un caso corroborado -según la denuncia- es la existencia de una contratación directa respecto del Estudio Baudizzone, Lestard y Asociados Arquitectos S.A, con criterio urgente, por un monto de $3.400.000,00 a efectos de realizar un servicio de consultoría para el diagnóstico de las condiciones de funcionamiento de dicho inmueble.
«Pese a las irregularidades manifiestas desarrolladas tanto en el proceso licitación, adjudicación y posterior ejecución de obra, existió por parte de diversos actores involucrados – esto es, desde la esfera de la administración pública como privada – una clara intención de proseguir con el desarrollo de maniobras que generaron un perjuicio directo a las arcas públicas, un manifiesto deterioro de las instalaciones del H. Senado de la Nación, y un posible beneficio de terceros hasta el momento, no identificados, todo ello, empleando la autoridad que a cada actor le competía para transgredir las normas vigentes abusándose de la confianza otorgada y generando beneficios ulteriores de manera directa a la empresa DINALE SA en perjuicio de la administración pública», indica el texto de la denuncia.
Tras el sorteo de rigor, la denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital Federal, actualmente a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
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