lunes 28 de septiembre del 2020

   

Ahora

El Gobierno denunció a un funcionario que respondía a Bullrich por el operativo que derivó en la desaparición de Santiago Maldonado

 

El Ministerio de Seguridad denunció hoy al ex jefe de Gabinete de esa cartera durante el macrismo, Pablo Nocetti, al ex director de Gendarmería Nacional Gerardo Otero y al ex subdirector de la fuerza Ernesto Robino por supuestos delitos cometidos durante el operativo de despeje de la ruta nacional 40, en la provincia de Chubut, en el que desapareció Santiago Maldonado.

La denuncia por lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 cuando Gendarmería reprimió el corte de ruta por parte de una comunidad mapuche quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rivolo, quien ahora deberá decidir si impulsa la investigación, informaron fuentes judiciales.

Según el texto al que accedió la agencia Télam, Nocetti, Otero y Robino fueron denunciados por los delitos de «perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes».

En la denuncia señala que en el Paraje Leleque, cuando manifestantes de la comunidad mapuche cortaron la ruta «personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Pablo Nocetti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje».

«Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación a los deberes de funcionario público», sostuvo la denuncia.

Y se agrega que hubo una «indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa» impedía «involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado».

«Resulta evidente que el mencionado funcionario no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza», resalta el documento.El operativo desplegado ese día por Gendarmería habría obedecido «a una decisión motivada por la voluntad política habiéndole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquél entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar».

Esta conducta habría excedido «el imperium de la autoridad política invadiendo el accionar de la Justicia, interviniendo y direccionando la actuación de la Gendarmería cuando ésta debía desempenarse como órgano auxiliar de la justicia».

La denuncia fue consecuencia de una investigación que ordenó la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para «dirimir la existencia o no de conductas pasibles de reproche disciplinario respecto de las decisiones y el accionar llevados a cabo por los jefes a cargo de los operativos de despeje» del 1 de agosto de 2017, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Maldonado.

Según estas actuaciones se determinó que hubo orden judicial de «intimar» a quienes estaban sobre la Ruta Nacional 40 para que cesaran de «impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular» y debía hacérseles saber que «siempre y cuando no incurran en actos de violencia, podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión a prudente distancia de las fuerzas de seguridad».

Según declaró un Comandante Mayor de Gendarmería, Diego Balari, el 31 de julio Nocetti se había reunido con los jefes de fuerzas de seguridad federales y provinciales de Río Negro y Chubut y habría ordenado «neutralizar el accionar de lo que él mismo consideraba ‘terrorista’ y denominaba como ‘Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)».

En ese encuentro habría ordenado intervenir para restaurar la circulación «por estar en presencia de un delito de flagrancia» y «luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial».

El 1 de agosto, día en que Maldonado participaba del corte de ruta, «personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por el dr. Pablo Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza» llegaron al lugar para despejar el lugar.

La directiva de actuar bajo el estándar de delito en flagrancia «motivó la persecución de los manifestantes, incluso cuando ya habían dejado liberada la ruta» en un hecho en el que se «conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas, que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo»

«Eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas», concluyó la denuncia. Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 cuando huía de los gendarmes y apareció muerto en el río Chubut el 17 de octubre.

 

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