miércoles 5 de agosto del 2020

   

Ahora

El PRO defendió fondos secretos “M” de AFI y minimizó el espionaje

 

Foto: EFE

Cristian Ritondo, jefe de bloque de diputados nacionales del PRO, defendió el decreto de Mauricio Macri que eliminó el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que fue modificado por el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con el programa El Fin de la Metáfora (Radio 10), Ritondo se mostró a favor de esos fondos reservados “si están controlados con un fuerte control parlamentario”.

El 6 de mayo de 2016 Macri determinó por medio del decreto 656 derogar la ley de inteligencia sancionada en febrero de 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que habilitaba el acceso público a la información sobre el uso del dinero de la AFI. La excepción eran los recursos destinados a tareas específicas de inteligencia que si bien se mantenían reservados, debían quedar registrados con documentación que lo respalde.

Los fondos reservados, una potencial caja negra, ascendió a $2697 millones en 2019, ultimo año de la gestión macrista.

Consultado por la causa espionaje a dirigentes políticos, empresarios y gremiales desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión Cambiemos, el diputado aseguró que “muchas cosas de las cosas que yo escucho no las creo, hacen una novela. Hay informes que se hicieron que son infantiles, muy amateurs”.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge quien quedó al frente de la causa, luego de que apartaran a Federico Villena, ordenó las prisiones domiciliarias de la ex funcionaria Susana Martinengo (ex encargada del área de Documentación de la Casa Rosada en el gobierno de Macri) y los ex agentes Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge «Turco» Saez, entre otros.

Martinengo, quien recibía a los agentes de la AFI en la Casa Rosada, dijo al prestar declaración indagatoria que “pensaba que todo lo que hacían era legal” y que para ella “no eran espías, eran amigos”.

“Eso lo tendrá que explicar Susana Martinengo”, se limitó explicar Ritondo sobre los encuentros con Super Mario Bros, el grupo de agentes de la AFI que se dedicaba al espionaje ilegal a dirigentes políticos. Los indicios apuntan a que recibía las carpetas de los espías, y las derivaba Darío Nieto, el secretario privado del ex presidente.

La comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos de Inteligencia recibió el testimonio de una agente de carrera de la AFI que detalló cómo, después de que fuera descubierta la vigilancia de ese organismo sobre el Instituto Patria, se armaron los documentos, memos y oficios pata darle apariencia de legalidad a lo que era en realidad espionaje ilegal.

La agente precisó que todos esos documentos respaldatorios “fueron armados después de la operación de espionaje al Instituto Patria, por orden de la subdirectora» del organismo en la gestión de Cambiemos, Silvia Majdalani.

Añadió que la ex funcionaria lo comunicó en reuniones de las que participaron Alan Ruiz (Jefe de Operaciones), Juan Sebastián Destéfano (Director de Asuntos Jurídicos) y Martín Coste (a cargo del área de Contrainteligencia).

Señaló también que la coordinación de la elaboración de los documentos estuvo a cargo de una persona a la que identificó como ex secretario del fallecido juez federal Claudio Bonadio, dijeron los portavoces.

Reveló, además, que las tareas de espionaje político “siempre las hacían los agentes que ingresaron después de 2016″ (durante la gestión de Cambiemos), pero que cuando se presentaban eventuales problemas «buscaban que los firmaran los directores de carrera», como Coste, bajo la amenaza de “dejarlos sin trabajo si no se prestaban a hacerlo”.

La agente contó también que la oficina de Asuntos Jurídicos tenía sus propias áreas de operaciones y de desgrabación de escuchas telefónicas, tareas que en realidad correspondían en el organigrama oficial al sector de Contrainteligencia.

También dijo que cuando tomó volumen el denominado ‘Caso D’Alessio’ (del falso abogado), la cúpula de la AFI ordenó investigar a los abogados que promovían la denuncia, como Natalia Salvo, que patrocinaba al empresario denunciante Pedro Echebest.

Los legisladores que recibieron su testimonio acordaron que no trascendiera su nombre para evitarle presiones de aquellos a los que pudo haber comprometido con su declaración.

Por otra parte, la bicameral comenzó a rastrear información de causas en las que intervino la AFI en todo el país, a través del envío de oficios a las cámaras federales de todas las jurisdicciones, para que den cuenta de los trabajos realizados por el organismo como auxiliar de justicia.

INÉDITO: AHORA AFI PUBLICA SUS GASTOS

La AFI publicó en mayo, en una inédita e histórica medida, los recursos que serán destinados a esa central de inteligencia, una decisión que apunta a “transparentar” las atribuciones del organismo, según destacó su interventora Cristina Caamaño, en sintonía con uno de los objetivos destacados por el presidente Alberto Fernández, al asumir su cargo el 10 de diciembre pasado.

Caamaño explicó hoy a Télam que por «primera vez en la historia» el organismo de inteligencia nacional publica su información presupuestaria, a través del portal del Ministerio de Economía (presupuestoabierto.gob.ar).

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto, los recursos anuales para la AFI son de 2697 millones de pesos, de los cuales 1500 millones estarán destinados a salarios y el gasto total realizado hasta ahora es de 955 millones, con lo cual se ejecutó un 35,88 por ciento de su presupuesto total.

En el DNU 457, el gobierno nacional publicó la ampliación del Presupuesto y uno de los anexos de esa norma contiene los gastos destinados a la AFI.

“La idea es, tal como dijo el presidente Alberto Fernández cuando intervino la Agencia Federal de Inteligencia -el 19 de diciembre-, justamente tratar transparentar lo más posible” el organismo, afirmó Caamaño.

Señaló que, “de esa manera, las partidas que han quedado confidenciales son las mínimas indispensables para el funcionamiento de la inteligencia» y, en cambio, el resto se hicieron públicas “dentro del presupuesto nacional”.

“Se trata de transparentar lo más posible la Agencia Federal de Inteligencia, no solo en los gastos, sino también las actividades que llevamos adelante”, aseguró la funcionaria a esta agencia y aseguró que ahora el organismo “no persigue más a opositores políticos», ni hace «operaciones para la justicia».

El presidente Alberto Fernández había anticipado el 10 de diciembre en su discurso ante el Congreso su decisión de intervenir el organismo y encarar una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado por entender que ese organismo no debía funcionar como «uno de los sótanos de la democracia».

Desde la restauración democrática en 1983, la actividad de la ex SIDE, primero, y de la AFI, después, estuvieron bajo la lupa y se sucedieron múltiples denuncias a lo largo de su historia sobre la tarea de los espías, en algunas investigaciones judiciales como el atentado terrorista a la AMIA y de persecución a dirigentes políticos.

 

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