martes 26 de mayo del 2020

   

Ahora

El ENRE tomó medidas para amortiguar el costo energético en industrias y comercios

 

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad estableció nuevos parámetros para resguardar a usuarios y usuarias comerciales e industriales, entre quienes también están contemplados usuarios de la Industria cultural, ante la situación extraordinaria e imprevista que afronta el sector en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19 Coronavirus, y en un contexto de alteración en la actividad económica y, como consecuencia, de la demanda de energía eléctrica.

Mediante la Resolución N° 35/2020, el ENRE estableció que aquellos usuarios y usuarias de las categorías T2, T3 y peaje que hayan sufrido una caída del 50% o más de su demanda de energía, podrán solicitar la suspensión o renuncia de la potencia contratada mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

En este sentido, también se dispuso que las deudas que se generen durante la suspensión serán abonadas mediante planes de pago en base a pautas establecidas oportunamente por el Ente. Asimismo, la medida también contempla que aquellos usuarios o usuarias que opten por resolver total o parcialmente el contrato de potencia o soliciten su readecuación, no serán pasibles de las penalidades previstas en el marco regulatorio vigente.

Desde el ENRE manifestaron que “la resolución forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el gobierno nacional, orientadas a aliviar la situación del sector productivo, comercial y cultural en el marco de la Pandemia por Coronavirus”. Además, aseguraron que “los Comercios, Industrias y PyMEs son uno de los sectores más afectados como consecuencia de la Emergencia Sanitaria actual. Ante esta realidad, y ante la necesidad de atenuar el costo energético para estas actividades, el ENRE definió sacar esta resolución como una medida de protección al sector”.

Esta nueva resolución es parte de un conjunto de medidas tomadas por el ENRE con el objetivo de continuar trabajando en la regulación y control del servicio de distribución eléctrica en función de su compromiso con la protección de los derechos y las necesidades de los usuarios y usuarias del servicio.

 

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