domingo 27 de septiembre del 2020

   

Ahora

Espionaje a jueces: investigan si también vigilaban a dirigentes opositores

 

Por Mariano Zucchi.

La investigación de una mega red de espionaje ilegal a jueces y camaristas sacudió a Comodoro Py y a la Corte Suprema. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral busca determinar si el Ejecutivo, a través de diferentes organismos públicos, desplegó acciones de “inteligencia ilegal” sobre magistrados, entre ellos al supremo Juan Carlos Maqueda. Pero la causa no se circunscribió sólo al mundo judicial. También se indaga si se vigiló a dirigentes políticos y a los presidentes de los distintos bloques de Senadores y de Diputados.

El denominador común de este masivo espionaje que sacó a la luz los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi en el sitio El Destape es la Dirección Nacional de Migraciones donde se ingresaba con una clave especial desde distintas agencias del Estado como Prefectura, Gendarmería, Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, Policía Federal, la Procuración General de la Nación, y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Estos ingresos quedaron registrados en el sistema. Día, hora y la identidad de la persona que ingresó, lo que posibilitó un punto de partida para la investigación.

“Comenzaron a aparecer ingresos masivos, en principio, a jueces de Comodoro Py, pero ya se está ampliando a dirigentes políticos”, aseguró a Diario Pulse una alta fuente judicial que conoce en detalle la investigación. Además de Migraciones, el juez extendió la consulta al Banco Central, la AFIP y la propia AFI que dirige Gustavo Arribas, “el más acostumbrado a las trampas”, según definió el Presidente a su “íntimo” amigo.

La pregunta inmediata que se desprende es ¿qué estaban investigando cada uno de estos organismos? ¿Hubo alguna causa judicial para llevar adelante estas averiguaciones? ¿Existió algún expediente en curso? Canicoba Corral requirió informes a los organismos para conocer los motivos por los cuales se hicieron consultas a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones sobre viajes al exterior de 21 jueces. La novedad es que las dependencias “vienen respondiendo que no hubo una orden de alguna autoridad o un juez”, confirmaron a este diario. Esto significa que los datos se obtuvieron sin respaldo legal.

Un dato que no pasa desapercibido es que casi todos las dependencias oficiales tienen vasos comunicantes con el Poder Ejecutivo. Pero no se descarta que pudo haber una compra de información para extorsionar como investiga el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el “DalessioGate”.

Si bien aún falta las respuestas del total de los organismos -en el juzgado calculan que esto llevará al menos diez días- la UIF a cargo de Mariano Federici salió rápidamente a rechazar el requerimiento del juez con una curiosa justificación: aseguró que sus investigaciones son “secretas”. Esta posición de no dar información a la Justicia obstruye la investigación.

“Nadie puede arrogarse facultades judiciales por afuera del Poder Judicial”, aclaran fuentes del juzgado consultadas por Diario Pulse.

Entre los nombres sobre los que se pidieron datos se encuentran desde el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini, Martín Irurzun y Luis Osvaldo Rodriguez.

El propio Canicoba habría sido espiado y la parte de la investigación de la que es víctima recayó por sorteo en la jueza María Romilda Servini.

La lista la completan jueces del fuero penal económico como Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola y Claudio Gutiérrez de la Cárcova. También Sabrina Namer, Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrian Paduczak, Javier Feliciano Ríos y José Martinez Sobrino.

En su dictamen, el fiscal Ramiro González, en cuya fiscalía había recaído el caso, sostuvo que se busca determinar si desde las dependencias estatales que aparecen en el caso: “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”.

Un caso que ilustra el expediente es el que tuvo como objetivo a Casanello. El juez había viajado a Salta y un oficial de Gendarmería ingresó a Migraciones para verificar sus movimientos. Cuando le preguntaron al alférez por qué realizó dicho monitoreo se limitó a responder que fue “para asegurarle la estadía al magistrado en la provincia” , reconstruyó Diario Pulse. Lo mismo sucedió con otros jueces y dirigentes de la oposición.

Ante este escenario, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó su “profunda preocupación respecto a operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces”.

“En caso de verificarse esas maniobras ilícitas, de marcada gravedad institucional, se impone determinar quién y por qué las motorizaron tanto como si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita con algún grado de sistematicidad”, alertaron.

A través de un comunicado, la entidad que agrupa a los representantes del Poder Judicial remarcó que “ese tipo de conductas violan gravemente el derecho a la intimidad del que también son titulares los jueces, a la par que quebrantan el estado de derecho que debe imperar en una sociedad civilizada”.

“Esta asociación se solidariza con los magistrados que habrían sido víctimas de esos ataques y seguirá con atención el curso de la investigación llevada adelante por el juez y el fiscal interviniente, a quienes deseamos éxito en esa importante tarea, en procura del pronto esclarecimiento de esta perturbadora situación”, finalizó el texto que lleva la firma de Marcelo Gallo Table, presidente de la entidad, y de Enrique Comellas, el secretario general.

 

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