viernes 13 de diciembre del 2019

   

Ahora

Espionaje: la Justicia envió oficio a la AFIP y arrincona al Gobierno

 

Por Mariano Zucchi.

El gobierno de Mauricio Macri es investigado en la Justicia por haber desplegado acciones de “inteligencia ilegal” sobre jueces federales de Comodoro Py, ministros de la Corte Suprema, legisladores y hasta gobernadores. La causa que lleva adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral ahora se amplió y sumó jueces federales del interior, cuyos movimientos migratorios también habrían sido consultados. Además fue enviado un oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ante las obstrucciones a la investigación.

De esta manera, la red de espionaje a través de diferentes organismos públicos que se buscan determinar, no se circunscribió sólo a la Ciudad de Buenos Aires, sino que se desplegó en todo el territorio nacional.

En total son 28 los nuevos jueces de distintos fueros de la Ciudad y jueces federales del interior que habrían sido espiados. Magistrados de Salta, Corrientes y Buenos Aires, entre otras provincias. En esta última, con jurisdicción en Mar del Plata y La Plata. Según pudo reconstruir Diario Pulse, entre los nombres figuran: Roberto Agustín Lemos Arias, de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y Jorge Gustavo Montoya, juez federal de Orán. También aparecen cuatro fiscales, entre quienes se destaca Emilio Guerberoff.

En el ámbito nacional figura, por ejemplo, el juez en lo contencioso administrativo, Sergio Fernández. Se trata de una Cámara clave que maneja todos las causas de las empresas privadas contra el Estado.

Todo parece indicar que con los 28 jueces y cuatro fiscales se replicó la misma matriz de seguimiento que se detectó con los anteriores 22 magistrados y dirigentes políticos. Consultas a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en diferentes organismos públicos: el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.

Estos ingresos quedaron registrados en el sistema. Día, hora e identidad de la persona que ingresó, lo que posibilitó el desarrollo de la investigación. Además de Migraciones, el juez extendió la consulta al Banco Central, la AFIP y la propia AFI.

Diario Pulse pudo averiguar en exclusiva que ya se envió un oficio judicial a los directivos de la cartera que está bajo la órbita de Leandro Cucciuli para dejar constancia que “si en las contestaciones de los anteriores requerimientos se omitió información con fundamento en que estaba amparada en un secreto, se solicita que den cumplimiento estricto a cada punto solicitado”.

El escrito de la Justicia busca marcar así la cancha al organismo por el accionar de dos de sus funcionarios, Jaime Mecikovsky (ex subdirector de Operaciones Impositivas del Interior) y Norberto Sosa (titular de Auditoría y luego de Sistemas), muy cercanos a la diputada Elisa Carrió. “En el caso que no hayan aportado información por algún tipo de secreto, están avisando por las dudas que no aplica ante una solicitud de un juez”, amplió a este medio una fuente judicial que conoce las artimañas de las dependencias públicas para esquivar las exigencias judiciales.

Tanto Mecikovsky como Sosa habrían ingresado a la base de datos de la AFIP para hacerse de datos sensibles que están bajo secreto fiscal. Y lo hicieron sin ningún tipo de actuación judicial que los respalde. Esa es la principal sospecha.

En un primer momento, la AFIP deslindó responsabilidades de ambos funcionarios sin dar precisiones. En este marco, el juez ahora busca profundizar la pesquisa y abre el paraguas ante una posible justificación del organismo, maniobra que ya utilizó la Unidad de Información Financiera (UIF) que conduce el cuestionado Mariano Federici.

Anteriormente se requirió informes a los organismos públicos para conocer los motivos por los cuales se hicieron consultas a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones sobre viajes de magistrados y políticos, entre quienes se encuentran los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Domingo Peppo (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

También por los diputados Agustín Rossi (Frente de Todos) Alejandro Ariel Ramos y el senador Claudio Poggi (Compromiso Federal).

La inquietud radica en que los datos se obtuvieron sin respaldo legal en la mayoría de los casos. “Vienen respondiendo que no hubo una orden de alguna autoridad o un juez”, confirmaron a este diario.

Un dato clave es que casi todos las dependencias oficiales tienen vasos comunicantes con el Poder Ejecutivo, aunque no se descarta que pudo haber una compra de información para extorsionar como investiga el juzgado de Dolores en el “DalessioGate”.

En la causa ya se avanzó por los movimientos consultados sobre los jueces Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, Daniel Rafecas, Luis Osvaldo Rodríguez, María Servini, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutierrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Angel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Feliciano Río, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

El propio Canicoba habría sido espiado y la parte de la investigación de la que es víctima recayó por sorteo en la jueza María Romilda Servini.

Un caso que ilustra el expediente es el que tuvo como objetivo a Casanello. El juez había viajado a Salta y un oficial de Gendarmería ingresó a Migraciones para verificar sus movimientos. Cuando le preguntaron al alférez por qué realizó dicho monitoreo se limitó a responder que fue “para asegurarle la estadía al magistrado en la provincia”, reconstruyó este diario.

Paduczak, otro de los jueces federales “espiados”, expresó su sorpresa y preocupación por el caso de marcada gravedad institucional que salpica al Gobierno. “No solamente por la intromisión en la intimidad de un magistrado sino por la realización ilegal de este tipo de tareas”, aseguró.

“Si a mí me estuvieran investigando por algo, entiendo que un fiscal, un juez, podría ordenar tranquilamente dichas medidas. Ahora si no tengo ninguna causa abierta, no existe ningún tipo de justificativo. Ni siquiera por razones de seguridad. Porque si hubieran razones de seguridad que tuvieran que adoptar esas medidas, también tendría que haber un expediente administrativo donde existiera una sospecha que peligra mi integridad física de alguna forma y por eso se toman esas medidas. Tampoco sé en qué beneficio podría ser de mi seguridad controlar si yo entro o salgo del país. Por eso desde todo punto de vista me parece una situación grave. En su inmensa mayoría creo que no hay ninguna investigación judicial”, concluyó en diálogo con Diario Pulse.

 

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