sábado 21 de mayo del 2022

   

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La Justicia Electoral desaprobó la rendición de gastos de la campaña de Cambiemos de 2017

 

El juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, desaprobó este martes los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que la coalición Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, informó Télam.

El comienzo de esta investigación data de 2018, cuando una nota periodística reveló que, durante la administración de la por entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, hubo unas 205 personas de bajos ingresos (beneficiaros de planes sociales) figuraban como donantes de fondos de la campaña.

En este contexto, el magistrado comenzó a investigar si el gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y la lista de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.

Finalmente, durante esta jornada, Ramos Padilla concluyó en su fallo que los auditores de Cámara Nacional Electoral (CNE) determinaron que la información suministrada por la actual oposición «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.

Por esta razón, la Justicia ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito».

Además, el titular del Juzgado Federal de Dolores multó a los partidos que conforman la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965; la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno.

Asimismo, sancionó a los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.

Por último, el magistrado rechazó la rendición de gastos porque la alianza que gobernó entre 2015 y 2019 «no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral», y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.

 

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