lunes 14 de octubre del 2019

   

Ahora

Mochilas PRO: denuncian ante la Justicia nuevas amenazas

 

Por Sol Fabi.

«Falcon», con letras de diario recortadas y pegadas en un papel. Eso fue lo que encontró Karen Arrúa, la ex funcionaria de Cambiemos que destapó el escándalo de las mochilas con dinero del PRO, en el buzón de su casa. No es la primera vez que recibe amenazas de este tipo, por lo que hoy nuevamente ratificó las denuncias por intimidaciones ante la Justicia.

Arrúa estuvo durante más de una hora dando información sobre las amenazas que recibió, tanto por redes sociales como en su domicilio, y respondiendo a las 40 pregunas que le hicieron en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N 2 de Esteban Echeverría. «Ratifiqué la denuncia original por amenazas de muerte que tengo realizada desde la causa ‘aportantes truchos’ del año pasado», contó la ex dirigente a Diario Pulse.

Y añadió: «Pude ampliar la información de estos perfiles (de redes sociales) que me envían estos mensajes y también incluir las últimas amenazas que recibí a raíz de mi declaración en la causa Ciprés-Robledo, el mensaje intimidatorio que recibí después de la nota que sacó diario Pulse y la nota que me llegó el viernes a mi domicilio que dice la palabra ‘Falcon’. Todo eso ya está incluido en esta causa por amenazas».

Tras esta presentación, detalló los próximos pasos. «Lo que sigue es que la UFI tome las medidas que considere necesarias para poder dar con estos perfiles que amenazan por redes sociales». Asimismo, Arrúa debe «dar conocimiento al Juzgado Federal Numero 7 para que puedan arbitrar las medidas necesarias de seguridad» y protección de la ex dirigente del PRO.

El anónimo con amenazas -con una clara alusión a los Ford Falcon que los grupos de tareas utilizaban durante la dictadura para desaparecer gente- fue dejado en el buzón de su casa de Esteban Echeverría el viernes por la tarde.

«Si hay algo que todas las amenazas tienen en común es que siempre me llegan luego de brindar una o varias notas (periodísticas): pasó en abril, julio, agosto y diciembre del año pasado. Y ahora, luego de que Pulse y varios medios independientes más difundan mi testimonial, en la causa CFP 10742/2018″, explica en su perfil de Facebook.

Y agrega que en un primer momento dudó en dar a conocer estas amenazas. «Pensé en no publicarlo, en pasarlo por alto. Pero me parece importante que la gente sepa que los dirigentes, del partido que se llena la boca hablando de respeto y tolerancia, poco y nada saben de respetar las disidencias y a las personas que denuncian irregularidades», explica.

Arrúa hace referencia a su declaración en la causa que investiga los manejos irregulares de fondos del INJUVE (organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), por la que su titular, Pedro «Piter» Robledo, se encuentra sospechado de los delitos de “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos”.

Karen Arrúa 2

Esta causa federal está a cargo el juez Sebastián Casanello y es investigada por el fiscal Carlos Stornelli. Los manejos irregulares de los fondos del INJUVE se descubrieron cuando Rosaura Ciprés, una ex empleada de ese organismo, fue a tramitar el monostributo social a la ANSES y le dijeron que no podía hacerlo porque seguía figurando como empleada del INJUVE con un sueldo de 150 mil pesos mensuales, que habían depositado en su cuenta sueldo y que alguien había retirado de ella (sin que ella supiera).

Ciprés difundió su caso en los medios y Arrúa, tras enterarse, se comunicó con ella y su abogada e inició una suerte de investigación de lo ocurrido por su cuenta, en la que -según consta en su declaración en la causa- pudo saber por el testimonio de una empleada del INJUVE que era frecuente que se usaran las cuentas sueldos de empleados para depositar 150 mil pesos, suma que se usaría para pagarle a los proveedores de diferentes jornadas recreativas organizadas en varios distritos.

A esa situación irregular, contó Arrúa, se le suma que el dinero era retirado muchas veces por ventanilla y llevado el ministerio de Desarrollo Social en mochilas, aunque no siempre quienes retiraban la plata eran los titulares de las cuentas y no se presentaban permisos para ello.

 

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